La iniciativa de la Ley General de Aguas –aprobada el miércoles por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados– viola en diversas formas el derecho humano al agua, señalaron académicos de diversos institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Rechazaron este proyecto de ley por considerar que criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana.
Los académicos dieron a conocer ayer un documento en el que hicieron un análisis de la iniciativa y, entre otras cosas, advirtieron que esta ley limitará el uso del agua a 50 litros diarios por persona, cantidad que pone en riesgo la salud, pues un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud señala que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona.
El documento, firmado por María del Carmen Carmona, José Carrillo y Rafael Huízar, de los institutos de Investigaciones Jurídicas, Geografía y Geología de la máxima casa de la UNAM, resalta que la propuesta de ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.
Otro elemento inconstitucional, enfatizaron, es que se quiere limitar el derecho humano al agua a sólo las personas que viven en asentamientos urbanos, lo que significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición.
Señalaron, además, que la participación ciudadana no está contemplada en la propuesta de ley, pues no se permite que las personas organizadas que trabajan en torno al líquido se unan a los Consejos de Cuenca.
Con información de La Jornada.
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