El funcionario estaba detenido desde octubre
Odebrecht aseguró haber entregado 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de contratos
Después de revisar los elementos presentados por la Fiscalía de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia ordenó que el vicepresidente Jorge Glas sea llevado a juicio por el presunto delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Esta resolución fue hecha por el juez Miguel Jurado, con lo que Glas, quien está en prisión preventiva desde el 2 de octubre, sería el político en activo de mayor rango en ser procesado por ese caso que afecta a 12 países de América Latina y África.
La Fiscalía señaló que este funcionario recibió, mediante un tío suyo, quien también ya fue detenido, 13.5 millones de dólares por contratos adjudicados a Odebrecht, por lo que de ser encontrado culpable, él y otros 12 involucrados, entre los que destacan dos exdirectivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que están prófugos, podrían pasar de tres a cinco años en la cárcel.
El encarcelamiento se da en el contexto de la ruptura del movimiento oficialista Alianza País, donde entre sus partidarios destaca el presidente Lenin Moreno y el exmandatario Rafael Correa, quien en diferentes ocasiones ha asegurado que no hay pruebas en contra de Glas.
Además, Correa dijo que Moreno, quien fuera su vicepresidente entre 2007 y 2013, hizo una alianza con la oposición tradicional, sumado a que se agarra de la lucha contra la corrupción para desprestigiar a su gobierno y para que a él también lo inhabiliten.
Moreno no sólo está llevando este proceso legal, ya que el vicepresidente también está implicado en una investigación sobre presuntos delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito, tal como lo publicó Proceso.
Fue gracias a estas mismas sospechas que el mandatario Lenin Morejo le prohibió a Glas desempeñar cualquier función administrativa desde agosto, siendo detenido el 2 de octubre.
Por su parte, la empresa Odebrecht aseguró haber entregado 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de la concesión de obras estatales, pero recientemente el procurador Diego García aseveró que los pagos ilegales habrían alcanzado 50 millones de dólares.
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