Alrededor de 7% de los medicamentos que se consumen en México son irregulares, es decir, tienen malas prácticas de fabricación, son de origen ilegal, están caducos o son clonados, lo que pone en riesgo la salud de miles de personas y genera pérdidas económicas por 150 millones de dólares al año, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Estos datos fueron informados a la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM), una de las asociaciones alertadas para detectar y evitar la venta de medicamentos ilegales que al carecer del principio activo o contener una dosis inadecuada “pueden llegar a provocar ataques al corazón, el coma o la muerte”, asegura el presidente de la organización, Juvenal Becerra.
El caso más reciente, por el que la Cofepris emitió una alerta de “clonación”, fue la vacuna SYNAGIS, usada para prevenir el virus sincitial respiratorio en niños menores de un año.
La falsificación de las vacunas corresponde al lote 31736TF y tiene características distintas en su empaque que el original, cuyo precio máximo al público es de 11 mil pesos. Estos productos “son considerados un riesgo para la salud debido a que se desconocen las condiciones sanitarias de fabricación así como ingredientes utilizados para su elaboración”, advierte la Cofepris en la alerta emitida el 8 de junio pasado.
De acuerdo con Frutos B. González, consultor en Economía de la Salud, el virus sincitial respiratorio es muy común y no presenta graves consecuencias para niños sin otros problemas de salud, pero “puede conllevar consecuencias graves en niños prematuros con displasia broncopulmonar y cardiópatas congénitos”.
El consultor explica que según la Organización Mundial de la Salud, de los 2.2 millones de nacimientos anuales en México, cerca de 50 mil niños son prematuros con alto riesgo de displasia broncopulmonar o sufren de algún tipo de cardiopatía congénita. Esto quiere decir que miles de niños corren riesgo de sufrir mayores afectaciones si les aplican una vacuna apócrifa que está en circulación comercial, “dado el precio alto de Synagis y la falta de disponibilidad en el sistema público de salud, el producto se vuelve blanco fácil para los falsificadores”.
Este aviso por parte de la Cofepris sirve para que los establecimientos tomen precauciones. “Ante ésta y otras alertas, hacemos un ‘barrido’ de supervisión en nuestras farmacias para, en caso de detectar unidades de este lote, sacarlos del mercado”, asegura Juvenal Becerra, UNEFARM, que agrupa a 5 mil 600 farmacias del centro y sur sureste del país.
Entre 2011 y 2014, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha decomisado alrededor de 300 toneladas de medicamentos ilegales, de los que 48% ha sido por malas prácticas de fabricación, 18% por venta de muestras médicas, 12% por producto caduco, 9% por ser medicamento fraccionado, 7% no tenía registro y el resto, corresponde a otras causas, es decir, son medicamentos clonados o pirata.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el comercio ilegal en el país asciende a 11 mil 500 millones de pesos y en 2010, la venta ilegal de medicamentos creció 32%, mientras que el robo a camiones con fármacos aumentó 40%.
Los principales productos asegurados en México son Cialis, Viagra, Doxicilina, Clorixam, Sulfatizol, Cafalexina, Ambidrim y Terramicina, de acuerdo a los datos oficiales.
Apenas en enero pasado, el gobierno federal dio a conocer que en un operativo realizado en el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Coahuila y Sinaloa, la Secretaría de Salud decomisó más de 1 millón 651 mil piezas de medicamentos irregulares, equivalentes a casi 30 toneladas.
De acuerdo con el Comisionado Federal de la COFEPRIS, Mikel Arriola, los aseguramientos en el mercado ilegal de la salud han crecido en 397% en promedio en lo que va del sexenio.
Según el presidente de la UNEFARM, Juvenal Becerra, “hay redes de la delincuencia organizada que utilizan la frontera sur de México para introducir medicamentos ilegales que llegan desde Sudamérica”.
En febrero pasado, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud, por las que se establecen penas de uno a nueve años de prisión y multa equivalente a 20 mil a 50 mil días de salario mínimo a quien comercialice medicinas de forma ilegal.
Con información de Animal Político
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