No se salvaría ni Dios…
Además criticaron los desvíos millonarios de recursos en diferentes estados. “La Santa Sede analiza la viabilidad para aplicar la máxima de las penas a los políticos rapaces, a fin de sensibilizar a la sociedad de la gravedad de sus actos”, comentaron en el Semanario desde la Fe
Las actos de corrupción cometidos por gobernadores y funcionarios públicos deben tener consecuencias morales y espirituales, además de las ejercidas por la ley, señaló la Arquidiócesis de México a través del editorial del semanario religioso Desde la Fe.
La publicación señala que “la Santa Sede analiza la viabilidad para aplicar la máxima de las penas a los políticos rapaces, a fin de sensibilizar a la sociedad de la gravedad de sus actos: la separación del cuerpo eclesial, es decir, la excomunión a los corruptos”.
Por ello, las autoridades eclesiásticas se mostraron inconformes con lo que hace poco dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la malversación de recursos federales otorgados a los estados, quienes informaron sobre el desvío, aunque esto también impide saber cuál fue el destino de “monumentales” cantidades otorgadas a las 32 entidades federativas que, en conjunto, no han podido comprobar casi 98.2 mil millones de pesos, que habrían tenido que ser usados en el desarrollo de las mismas, entre 2013 y 2015.
En la editorial titulada “Excomunión a corruptos”, dicen que el 56 por ciento de estas irregularidades está concentrada en los estados de Veracruz, Michoacán, México, Jalisco y Oaxaca, lugares que “descuellan por los altos índices de marginación, pobreza, inseguridad, criminalidad, feminicidios y desigualdad. Estados que han sido gobernados bajo distintas banderas y colores partidistas”, señala el documento citado por El Universal.
En Desde la Fe también informaron que el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos “han sido incapaces de garantizar transparencia y honorabilidad” y que desde los comicios de 2012, la historia mostró una gran tragedia.
Incluso apuntaron que los criminales son los mismos gobernadores, los cuales fueron escogidos mediante rigurosos procesos de elección, quienes a pesar de que deben merecer toda la confianza de la ciudadanía, en los hechos demuestran el cinismo del fraude a la ley y la burla al electorado, en donde los más pobres son los que más pierden.
“Con justificada razón la sociedad pide que los partidos respondan como terceros responsables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuentes que ahora están bajo proceso. Lo más justo y lo mínimo sería la cancelación del registro de los partidos cómplices y la obligación legal de reparar los daños causados, que siguen impidiendo el avance del desarrollo y del bien común”, apuntó el documento.
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