CHIHUAHUA Chih., (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Alberto Almeida Fernández, defensor del agua y medio ambiente y exalcalde de Villa Ahumada, municipio ubicado al norte de Chihuahua.
El organismo internacional urgió desde Washington al Estado mexicano, a realizar una investigación de oficio por el asesinato para esclarecer las circunstancias en las que se registró el homicidio y la posible relación con su activismo, como defensor de los derechos humanos.
En un comunicado, la CIDH recuerda que Alberto Almeida fue asesinado el pasado 24 de febrero en el estacionamiento de un centro comercial ubicado al noreste de Ciudad Juárez, cuando se encontraba acompañado de su esposa e hija.
Alberto “defendía el desierto chihuahuense de la degradación por actividades de explotación de los recursos naturales allí existentes.
“Según la información recibida, el defensor exigió el cese a la sobreexplotación del acuífero Flores Magón Ahumada, y presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República alegando que eran ilegales las perforaciones de pozos del Rancho Santa Rita, lo que ocasionó la clausura de algunas de ellas”, reseña la CIDH.
Refiere además que Alberto Almeida participó en acciones para exigir justicia por el asesinato, en octubre de 2012, del matrimonio conformado pro Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, quienes eran sus compañeros en la defensa del medio ambiente.
En noviembre de 2012 la Comisión otorgó medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los hijos de los líderes asesinados, y en febrero de 2013 amplió la medida cautelar para proteger la vida e integridad de varios miembros de la organización Barzón.
“La Comisión llama al Estado a continuar con las investigaciones de oficio garantizando que sean conducidas con debida diligencia y de manera exhaustiva e imparcial, y siguiendo diversas líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de Almeida podría estar vinculado a su
labor como defensor de derechos humanos”, dice el comunicado.
La Comisión advierte que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos afectan las garantías propias de todo ser humano y el papel “fundamental” que tienen en la sociedad y coloca en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.
“En este sentido, la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho.
“En consecuencia, la CIDH insta al Estado mexicano a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad”, señala la CIDH en su comunicado.
Con información de Proceso
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