La fiscalización drástica pretende orillar a los inmigrantes a abandonar ellos mismos el país
Aunque el gobierno de Trump ha dicho que están enfocados en deportar criminales, han expandido la definición del término por lo que casi cualquier falta es un crimen
La administración de Donald Trump ha comenzado a materializar las promesas hechas durante la campaña presidencial, a través de órdenes ejecutivas que amparan la deportación masiva de inmigrantes ilegales que residen en los Estados Unidos.
Esta situación afecta a México, no sólo por el número de mexicanos deportados, sino porque el gobierno de Trump entre sus planes para enfrentar a los migrantes indocumentados contempla una cláusula que permita deportar a nuestro país a todos los inmigrantes aunque no sean mexicanos.
Se trata de otorgarle facultades a los agentes federales americanos para deportar a México a cualquier migrante capturado cruzando la frontera ilegalmente, sin importar si son mexicanos o no.
Esto implicaría que llegarían a nuestro país miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, brasileños, ecuatorianos e inclusive haitianos.
México entonces estaría potencialmente presionado a construir centros de detención para estos inmigrantes, desde los cuales estos pudieran pedir asilo a EU.
En los próximos días el secretario de seguridad nacional John Kelly y el secretario de estado Rex Tillerson viajarán a México esta semana para reunirse con funcionarios del gobierno mexicano, sin embargo se desconoce si los funcionarios discutirán este asunto.
Estas medidas resultarán en grandes redadas contra migrantes indocumentados, aseguran funcionarios estadounidenses. Aunque estas ideas no son nuevas, pues muchas provienen de una ley aprobada por el Congreso en 1996.
Sin embargo, ex altos funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos dijeron que las nuevas medidas podrían crear problemas de seguridad a lo largo de la frontera mientras las autoridades de cada país expulsan a los migrantes indeseados de un país a otro.
Por su parte, la Asociación de Abogados Migratorios Americanos (AILA) dijo que la propuesta del gobierno estadounidense violaría las leyes americanas y algunas obligaciones en el marco de ciertos tratados internacionales.
Aunque el gobierno de Trump ha dicho que ellos están enfocados en deportar criminales, ellos han expandido la definición del término hasta tal punto que ahora abarca casi cualquier actividad que pueda resultar en una sentencia.
Greg Chen, director de políticas públicas del AILA, dijo que el plan del gobierno de Trump “en la práctica desencadenará a un ejército masivo para deportar migrantes. Este contaría con facultades extremadamente amplias para capturar migrantes como su modus operandi, y podría usar esas facultades contra quien sea que esté bajo sospecha de haber infringido las leyes migratorias”.
Hasta ahora, las leyes migratorias más drásticas, conocidas como “Deportación Expedita”, se habían usado solamente contra migrantes capturados en menos de 14 días después de haber ingresado al país ilegalmente, o contra migrantes indocumentados capturados a menos de 160 kilómetros de las fronteras con Canadá o México. Sin embargo, los memos firmados por Kelly permitirían al estado usar esas leyes en cualquier lugar del país y contra cualquier migrante que haya entrado ilegalmente al país en los últimos dos años.
De llevarse a cabal esta medida se “desataría el caos” y violaría las garantías del debido proceso. aseguro Lucas Guttentag, un ex asesor del DHS y profesor de derecho en Stanford.
Los abogados también esperan que hayan obstáculos jurídicos contra una propuesta que eliminaría las protecciones legales que garantizan que la información que el estado posee sobre los migrantes indocumentados se mantenga en reserva. Esto podría llevar a que se disemine públicamente información relacionada a pedidos de asilo o de infracciones migratorias.
Otra de las medidas es la fiscalización drástica mediante la cual se pretende orillar a los inmigrantes a abandonar ellos mismos el país.
“El nivel de miedo es mayor que nada que hayamos visto hasta ahora”, dijo Mariaelena Hincapie, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho Migratorio, y asegura que se debe a que el plan amenaza con hacerle un daño irreparable a millones de familias.
Sé parte de la conversación