Desde la Colonia, los países de América han sido objeto de explotación, tanto de sus recursos como de sus pobladores, debido a su riqueza metalúrgica. Desde que se llevaron a cabo las exploraciones mineras en el siglo XVI por parte de los españoles, hasta las incursiones de las empresas canadienses en el siglo XXI, las consecuencias de esta labor han sido semejantes: la acumulación de riqueza de unos pocos en función de la expoliación de los trabajadores; despojo de tierras, transformación forzada de las formas de vida de las comunidades y desastres medio ambientales.
Por ello, no resulta una sorpresa que en nuestros días cerca de 200 conflictos sociales estén ligados a los megaproyectos mineros, en 90 de esos conflictos se encuentran involucradas compañías canadienses, según ha denunciado el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Proyectos como Pascua Lama, en Argentina y Chile, a cargo de la empresa minera Barick Gold o La platosa en Durango, México, de la canadiense Excellon Resources y Grupo peñoles, han prendido los focos rojos tanto por la falta de transparencia en los contratos, como por los daños al medio ambiente.
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