La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó al Senado que en los 56 Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes instalados en todo el país prevalecen tratos crueles, inhumanos y degradantes a los menores, con medidas “disciplinarias” que incluyen rociarlos con gas pimienta o encerrarlos desnudos en una especie de bodegas que no cuentan con luz ni ventilación, pero sí tienen ratas.
La CNDH entregó a esa cámara del Congreso un informe especial en el que destaca que la mayoría de esos centros de reclusión –que antes se denominaban consejos tutelares– violan diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Se trata de una investigación realizada durante febrero y marzo de 2014, la cual reveló que 66 por ciento de los menores recluidos –que fueron entrevistados– denunciaron a los visitadores de esa comisión haber recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre ellos golpes, insultos y en muchas ocasiones se les mantiene esposados.
En el Informe especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes, que ayer se presentó ante el pleno del Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que en esas instalaciones encontró insalubridad, condiciones de desigualdad y deficiencias en la alimentación, además de sobrepoblación y hacinamiento, lo que provoca que algunos internos duerman en el piso. Destaca la comisión el caso del Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes (CIRSA) ubicado en Tepic, Nayarit, donde además de la falta de camas, los dormitorios para mujeres carecen de servicios sanitarios, por lo que se ven obligadas a usar un bote de plástico para realizar sus necesidades fisiológicas.
Otro caso ilustrativo de los malos tratos que reciben los menores en esos centros, detalla el informe, es el de Altamira, Tamaulipas, en el cual ‘‘a la mayoría de los adolescentes se les retiró la cama debido a que las autoridades temen que las utilicen para alcanzar los barrotes de las ventanas e intentar fugarse’’.
La CNDH descubrió que en algunos centros de tratamiento interno hay presencia de elementos policiales armados, como es el caso del de Morelia, Michoacán, en el cual se ubican las oficinas de la Unidad de Atención Física, Administrativa y de Traslados de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado, “y se observó a agentes policiales de esa dependencia caminando por los pasillos del establecimiento con armas de fuego y equipo antimotines”.
La CNDH señaló que de los 56 Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes en el país que supervisó, en 37 “los internos refirieron hechos relacionados con maltrato físico y sicológico de parte de servidores públicos adscritos a esos establecimientos, como golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas y uso de esposas por lapsos prolongados, así como utilización de gas pimienta, vendas en los ojos y encierro sin ropa en celdas”.
En el Centro de Tratamiento Interno de Berriozábal, Chiapas, además de otras formas de maltrato los visitadores señalaron que a los adolescentes “se les rocía con gas lacrimógeno y se les encierra en una celda insalubre que carece de iluminación y ventilación adecuadas”.
Asimismo, en el femenil de Villahermosa, Tabasco, las reclusas refirieron que se les desnuda y encierra en un espacio utilizado como bodega, con fauna nociva, sin servicios sanitarios ni ventilación, mientras que en Alto Lucero, Veracruz, los menores internados señalaron que se les desnuda y mantiene encerrados en una celda sin proporcionarles agua ni alimentos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace notar que en 47 de 56 centros del país sus instalaciones no reúnen las condiciones para garantizar una estancia digna, presentan alguna o varias deficiencias relacionadas con la carencia o insuficiencia de camas, colchones, inodoros, lavabos y/o regaderas, además de falta de vidrios en ventanas y de puertas.
En 25 centros se observó mala calidad e insuficiente cantidad de los alimentos que se proporcionan. En el documento de 103 cuartillas se indica que de los 56 centros, 15 son varoniles, 37 mixtos y únicamente cuatro son exclusivos para mujeres. En ellos se encuentran 4 mil 744 adolescentes, 4 mil 448 son hombres y 286 mujeres. De ese total de población, mil 841 se encuentran sujetos a procedimiento y 2 mil 893 cumplen un tratamiento; 4 mil 438 están internados por delitos del fuero común y 296 por ilícitos del fuero federal.
Con información de La Jornada
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