Acusan que la Segob no pudo utilizar el edificio porque le hacían falta modificaciones
El edificio en cuestión es uno de seis pisos ubicado en Bucareli 107 esquina con General Prim, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México, a un costado de la sede central de Gobernación
La Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá que pagar 15.4 millones de pesos, mas intereses moratorios, por la renta de un edificio que alquiló en 2012 pero que nunca fue utilizado.
Esto fue ordenado por un tribunal federal, quien aseguró que de acuerdo con jueces federales de arrendamiento inmobiliario, la dependencia deberá pagar 41 meses de renta a la empresa Bucaprim Inmobiliaria, más intereses de 9 por ciento anual.
Si se suman los intereses, la deuda rebasaría los 21 millones de pesos si Gobernación no ha hecho algún pago, y Bucaprim podría demandar más rentas, pues las sentencias cubren el periodo abril 2012 a enero de 2016.
La Segob ha intentado llevar el caso a la Suprema Corte, a pesar de ello, sus recursos han sido desechados al ser considerados como improcedentes, donde el más reciente fue en enero pasado.
El edificio en cuestión es uno de seis pisos ubicado en Bucareli 107 esquina con General Prim, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México, a un costado de la sede central de Gobernación.
De acuerdo con el contrato de arrendamiento, el terreno consiste en 2 mil 528 metros cuadrados de oficinas y 20 lugares de estacionamiento. La renta mensual se fijó en 336 mil 400 pesos.
El motivo por el cual la Secretaría no utilizó el edificio, es porque después de una serie de revisiones posteriores a la firma del contrato, señalaron que necesitaban 16.2 millones de pesos para hacer reparaciones antes de utilizarlo, cantidad superior a la pactada con Bucaprim para invertir en remodelaciones.
Ante esto, la Dirección General de Recursos Materiales de la dependencia, entonces a cargo de René Roque Diego, se limitó a emitir un oficio el 30 de abril de 2012 en el que notificaba a la inmobiliaria la conclusión unilateral del contrato con fecha del 9 de mayo de ese año.
“No bastó que le haya hecho del conocimiento a la arrendadora la terminación anticipada, ya que en términos de la cláusula décimasegunda, Gobernación estaba obligada a dar aviso con 60 días previos a la arrendadora de tal decisión”, señalaron tanto el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, como el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil.
Por ello, en sus apelaciones recientes, la Segob ha manifestado su molestia.
“El arrendador dolosamente en lugar de tomar posesión de su inmueble insiste de mala fe en generar demandas con el objeto de obtener un lucro indebido, lo cual no sería trascendente, siempre que las autoridades judiciales se colocaran en forma imparcial y resolvieran conforme a derecho”, acusó.
Por otro lado, quienes actualmente ocupan el edificio, es un grupo de “paracaidistas” que es encabezado por la perredista Diana Sánchez Barrios, hija de la líder de comerciantes informales Alejandra Barrios.
Según las versiones de trabajadores de la zona, a quienes les ofrecieron vivir en el inmueble, fue Sánchez Barrios quien les hizo tan invitación.
Así, este edificio fue ocupado desde hace más de un año por comerciantes ambulantes del Centro Histórico y personas que reparan electrodomésticos en locales establecidos en la calle Artículo 123, dijo uno de los empleados de la zona.
Uno de los testigos de los hechos, comentó al periódico Reforma que hace un año le ofrecieron vivir en el sitio pagando 5 mil pesos por el traspaso del departamento, y con una renta semanal de 250 pesos.
“A mí me ofreció vivir ahí un cuate que conozco, pero ya tiene más de un año. Ellos lo agarraron por 2 mil 500 de entrada y 250 pesos a la semana. Bien que ganen o bien que pierdan”, contó.
“Todos saben que ese predio lo está peleando Diana Barrios para quedarse con todo. Mis amigos rentaban como en 5 mil pesos sus otros departamentos y ahora pagan mil pesos al mes. Les salió bien barato”, acusó el hombre.
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