Durante la temporada electora frecuentemente se condiciona la entrega de programas sociales
Situaciones de riesgo como la pobreza propician la compra de votos
La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza lanzó un portal en el cual, a través de un formulario, la ciudadanía podrá hacer denuncias anónimas sobre la compra y coacción de votos.
Tu reporte es anónimo. Solo reporta lo que te consta y personalmente viste. Ayúdanos a que ningún partido político lucre con el voto #DemocraciaSinPobreza #SíQueremos https://t.co/Z93KZPiX81 #Elecciones2018 pic.twitter.com/5Agbe5CMyb
— Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (@FrenteaPobreza) April 6, 2018
En conferencia de prensa, Alberto Serdán, miembro de la ONG; Lucila Servitje, del núcleo coordinador de la asociación, y Santiago Nieto, experto en temas electorales y ex fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), aseguraron que mientras existan programas sociales diseñados para comprar y coaccionar el sufragio, en vez de combatir la pobreza, estas prácticas no se acabarán; sin embargo, las denuncias pueden inhibir estas ilegalidades.
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Según una nota de La Jornada, los expertos expresaron su deseo de unas elecciones limpias y transparentes; sin embargo, reconocieron que, debido a la pobreza, el voto seguirá manipulándose.
Lo anterior porque el más grande problema no se encuentra durante el proceso de la emisión del sufragio, sino en los condicionamientos que se ponen antes del mismo, para presionar a votar por cierto candidato.
Enfatizaron que los comicios del próximo 1 de julio se darán en condiciones de “alto riesgo para el libre ejercicio del voto por la debilidad de las instituciones encargadas de la justicia, por el uso discrecional de las partidas presupuestales del gobierno federal y por la vulnerabilidad de los programas sociales”.
A través de su sito, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza abrió un formulario para que los ciudadanos reporten el mal uso de los programas sociales. Posteriormente, la ONG reunirá todos los reportes, los cuales servirán como documentación probatoria de delitos electorales.
El proceso se enfocará en Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y Estado de México, debido a que, por sus altos índices de pobreza, son entidades propensas a estas prácticas.
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