La justicia en México no ha favorecido a las mujeres, ya que en ningún estado del país se ha declarado una Alerta por Violencia de Género, pese a que organización de casi una decena de entidades la han solicitado debido al alto índice de asesinatos de mujeres.
En 2014, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob), decretó nuevos procesos para emitir una Alerta por Violencia de Género en las entidades que fueran requerida, y en las cuales fuera necesaria.
La Comisión aseguró que la Alerta de Género fue concebida como un mecanismo protector de los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia y como un mecanismo emergente de intervención del Estado, no como un elemento de sanción.
Sin embargo, en estados como Guanajuato o el Estado de México –donde en más de una ocasión diversas organización han solicitado se declare la alerta– los procesos han sido muy largos y hasta el momento no se ha logrado.
Por ello, diversas organizaciones han acusado que simplemente el tipo penal del feminicidio en México no permite acreditar los casos. Por ejemplo entre 2012 y 2013, el Observatorio Nacional documentó que de 3 mil 892 asesinatos a mujeres en dos años, sólo 613 fueron investigados como feminicidios.
En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60 por ciento de ellas fueron encontradas en vía pública y 40 por ciento murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o amantes.
Los Estados que se tapan los ojos
El año pasado, en Morelos, diversas organizaciones, entre ellas la representación de la CIDH en la entidad, pidieron que se declarara una Alerta de Género ante el incremento de asesinatos de mujeres, por lo que la Conavim emitió 15 recomendaciones al gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu para erradicar la violencia de género en la entidad. Sin embargo, el pasado lunes la CIDH hizo una llamado a la Conavim a declarar la alerta en la entidad ya que, acusó, el gobierno estatal incumplió con dichas recomendaciones y acusaron que de 2013 a febrero de 2015 se han asesinado a unas 103 mujeres en ese estado, 11 en lo que va de este año.
En Michoacán, la Asociación Humanos sin Violencia solicitó en diciembre del año pasado a la Secretaría de Gobernación que se declarara una alerta de género, asegurando que de 2008 a 2014, en esa entidad se ha incrementado un 20 por ciento el número de asesinatos de mujeres, y que de 2008 a 2012 se han registrado al menos 623 homicidios de mujeres. Su petición fue atendida apenas en enero, con la conformación un grupo de analistas que “evaluará las condiciones en las que se encuentra la entidad”.
En Guanajuato se ha solicitado al menos dos veces la declaratoria de alerta por violencia femenicida, debido al aumento de la violencia: en 2013 se registraron al menos 73 asesinatos de mujeres, en 2014 fueron 67, y durante el primer mes de este 2015 ya se contabilizaban cinco. El 19 de enero se cumplió el plazo para que el Gobierno de Guanajuato entregará los resultados de la implementación de las 13 recomendaciones que el organismo hizo a la administración estatal para evitar la declaratoria de una Alerta por Violencia de Género, ante el incremento de los feminicidios en la entidad. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido respuesta por parte de esa administración.
Veracruz ha sido el escenario de al menos 12 feminicidios en 2015 y 72 en 2014, según denunció el Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres a inicios de este mes. Además, lamentaron la impunidad en la que han quedado la mayoría de esos delitos e incluso señalaron que, pese al crecimiento de estos crímenes, el acceso a la justicia para las mujeres veracruzanas es nula y se encuentra en un retroceso en el caso de mujeres indígenas. Días después, el 8 de marzo, legisladoras perredistas exigieron al Gobierno del estado declara una Alerta de Género ante la creciente violencia.
El 8 de marzo, decenas de personas se movilizaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia por los asesinatos de mujeres. Ahí activistas aseguraron que durante los últimos tres años la violencia contra las mujeres se ha recrudecido en Chipas, donde se contabilizan, en ese periodo, al menos 249 casos. Desde 2013 diversas organizaciones exigieron una Alerta de Género en Chiapas. Sin embargo hasta el momento no se sabe del proceso.
La Subprocuradora de Delitos contra la Mujer por Razón de Género reconoció a principios de marzo pasado que, durante 2014, en Oaxaca se registraron al menos 37 feminicidios y que éstos no fueron investigados como tales por la Procuraduría estatal. En tanto diversas organizaciones civiles han denunciado que en lo que va de la administración del Gobernador Gabino Cué Monteagudo se han cometido unos 347 homicidios de mujeres. Acusaron además que en la entidad estos crímenes “se han silenciado e incluso normalizado”.
En Chihuahua se ha asesinado al menos a 2 mil 227 mujeres en los últimos 21 años, según la organización civil Justicia para nuestras hijas. El grupo planteó que a partir de 2009 las cifras se volvieron alarmantes: en ese año se reportaron 194 homicidios de mujeres. En 2010, los asesinatos fueron a la alza, con una cifra de 446; en 2011 se registraron 364; en 2012 fueron 256; en 2013 se reportaron al menos 146, y aunque en 2014 se registró un descenso, con 99 homicidios, las cifras son aún muy altas.
Baja California se ha situado entre los cinco estados más violentos para las mujeres en todo el país. Diversas organizaciones e incluso legisladoras han exigido en los últimos días que se active una Alerta de Género en la entidad ante el incremento de asesinatos contra mujeres. El pasado miércoles, la organización Libre Movimiento Ciudadano acusó que en lo que va del año en ese estado se han registrado 10 mujeres asesinadas en Tijuana, nueve en Mexicali y cuatro en Tecate. Además, en 2014, se contabilizaron alrededor de 90 casos.
En Jalisco, el delito de feminicidio se tipificó en el Código Penal en agosto de 2012. De acuerdo con los datos presentados en febrero pasado por el Gobierno del estado, durante 2013 y 2014 se registraron 54 casos. Sin embargo, organizaciones han coincidido que la violencia en ese estado no ha cesado. La académica María Guadalupe Ponce detalla que de 1997 a 2014 en esa entidad mil 194 mujeres fueron asesinadas por su condición de género, golpeadas, por arma de fuego, estranguladas e incluso calcinadas.
El Estado de México ha echado mano de todos los recursos políticos para evitar la declaratoria de Alerta de Género, pese a ser la entidad con el mayor índice de asesinatos de mujeres en el país, denunciaron diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales. Apenas el pasado 18 de marzo, durante 24 horas, se registraron al menos cuatro homicidios de mujeres.
Durante 2007 y 2013 se han registrado 1,003 casos de presuntos feminicidios en la entidad, de los cuales el 54 por ciento se concentra en 10 municipios del Edomex: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Primeros Pasos
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el pasado miércoles en un acto inédito un amparo a Irinea Buendía para que la muerte de su hija Mariana Lima Buendía, abogada asesinada en Chimalhuacán en 2010, sea investigada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no como un suicidio –como sucedió en todos estos años–, sino como un probable feminicidio.
Al salir de la sesión realizada en el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, Irinea Buendía dijo a la prensa que “los ministros estuvieron a la altura” y agregó: “No sólo va a ayudar en el caso de mi hija, sino en todos los crímenes del país”.
“Los efectos de este amparo son: obligar a las autoridades del Estado de México, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a que vuelvan a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía ya no como un suicidio, sino como un probable feminicidio. Esto obliga a reconocer terribles omisiones y negligencias graves que había llevado a este caso a la impunidad”, detalló Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio.
El caso de Mariana y la decisión de la Corte abrieron una puerta, de acuerdo con activistas, para que en diversas partes del país de investigue a fondo el homicidio y los miles de expedientes de mujeres que han perdido la vida por el simple hecho de ser mujer.
Con infrmación de Sin Embargo
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