La mañana del viernes 6 la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que la visita del presidente Enrique Peña Nieto al Reino de los Países Bajos ha sido pospuesta. La cancillería agradece la invitación del Rey Guillermo y refrenda la relevancia de las relaciones entre los dos países. El anuncio se refiere a “problemas técnicos de agenda”, y suspende la visita planeada para el 30 y 31 de mayo, sin aclarar si la visita tendrá lugar más tarde este año.
En los últimos meses los dos países habían trabajado intensamente para armar el programa de la visita de estado. El Ministerio de Asuntos Exteriores holandés tenía previsto organizar en Amsterdam un foro de negocios para intensificar los intercambios comerciales, y la firma de acuerdos de cooperación científica. Asimismo, se tenía planeada una visita al parlamento holandés en La Haya donde se hablaría de la agenda política entre los dos países.
La cancelación de la visita no puede ser vista sin observar la posición cada vez más difícil del gobierno mexicano en el contexto internacional. Durante las últimas semanas, diferentes gobiernos y organismos internacionales han realizado una serie de pronunciamientos sobre la crisis de seguridad que enfrenta el país desde que el ex-presidente Felipe Calderón lanzara la ‘guerra contra las drogas’ en 2006 y su agravamiento durante la administración de Peña Nieto. La acumulación de casos de violencia contra la población civil, periodistas y activistas, ha puesto de manifiesto la impunidad y la inoperatividad del aparato de justicia en México. El caso de Ayotzinapa se ha convertido en el ícono de este proceso de involución de la vida institucional en México.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas, así como los diarios más prestigiosos del mundo, incluyendo el New York Times, The Washington Post, The Guardian, Zeit, y El País, por nombrar algunos, han denunciado reiteradamente las deficiencias en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. Los dos reportes elaborados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) bajo el auspicio de la CIDH han tenido un impacto nunca antes visto, y han puesto en tela de juicio los resultados de la investigación oficial sobre el caso. Es claro: la credibilidad internacional de la administración de Peña Nieto va a pique.
Ayotzinapa se ha convertido en el “Chiapas” de Enrique Peña Nieto. La desaparición de los estudiantes ha despertado una solidaridad internacional que no se ha visto en Europa desde el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 en Chiapas. Durante la última gira de trabajo del gobierno mexicano en Alemania y Dinamarca, el presidente Enrique Peña Nieto recibió fuertes palabras sobre el clima de impunidad, corrupción y violencia que impera el día a día en México. También la sociedad civil se ha manifestado en las calles y afuera de los edificios sede de los encuentros, como también fue el caso en Francia e Inglaterra durante las visitas de estado en 2015.
Las relaciones comerciales entre México y los Países Bajos son esenciales para los dos países. México es el segundo receptor de inversión holandesa en América Latina, y las exportaciones mexicanas a los Países Bajos han incrementado notoriamente con la firma del acuerdo de comercio preferencial con la Unión Europea. Además de la inversión en materia de energía luego de las reformas al sector en México, la modernización de la infraestructura portuaria mexicana tiene un peso central en los intercambios internacionales.
Dada la importancia de las relaciones comerciales entre las dos naciones, la relevancia de la visita del presidente a los Países Bajos es indiscutible. Quizá la cancillería mexicana espera a que ‘se enfríe’ el tema del GIEI y Ayotzinapa para no repetir la experiencia que tuvo el presidente durante la visita a Alemania y Dinamarca justo el mes pasado, cuando Angela Merkel y el primer ministro danés Lars Lokke Rasmussen nombraron explícitamente su preocupación por la crisis de derechos humanos en México. Pero Ayotzinapa no va a desaparecer de la atención internacional; el tema no se ‘enfriará’ porque se descubren casi a diario fosas clandestinas con cientos de víctimas humanas y campos de exterminio en diferentes estados del país, como en Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y Guerrero.
Más que esperar a que la atención sobre el problema de impunidad y violencia en México se disipe, el presidente Peña Nieto tiene ante sí la obligación histórica tanto como la oportunidad de aclarar el caso de Ayotzinapa en colaboración con la comunidad internacional. Cuando el ministro holandés de Relaciones Exteriores Bert Koenders extendió a nombre del Rey Guillermo la invitación al presidente en mayo del 2015 para que visitara los Países Bajos, había anunciado que la agenda con México constaba de dos temas centrales: el comercio y los derechos humanos. México y los mexicanos requieren de la solidaridad y cooperación internacional a fin de esclarecer la larga noche de violencia y muerte por la que transita el país. Quizá ésta sea la única forma en que el gobierno pueda recuperar su credibilidad internacional y su compromiso con el estado de derecho en México.
José Carlos G. Aguiar, antropólogo; profesor e investigador de la Universidad de Leiden, Países Bajos.
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