Para producir un litro de refresco Peñafiel se necesitan dos litros de agua
El agua será extraía de un acuífero en Tecámac, lo cual viola la ley y una observación de la ONU
“Peñafiel es el refresco del Presidente”, bromeó el mandatario Enrique Peña Nieto durante la inauguración de una planta de la refresquera con una inversión de mil millones de pesos en Tecámac, Estado de México, lo cual, según distintos especialistas y activistas, podría provocar el desabasto de agua en la entidad.
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En dicha zona la misma Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció una veda por sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca, lo cual admitió el mismo municipio administrado por el priista Aron Urbina Bedolla, quien ha acosado los habitantes quienes han defendido su agua durante 12 años, de acuerdo con organizaciones civiles.
“Es otro de los reflejos de la política autoritaria e impositiva que se desarrolla en el Estado de México desde el siglo pasado. En aras de los negocios personales y no del desarrollo comunitario se han lastimado no solo las reservas acuíferas, sino también el medio ambiente. Esa sinrazón al que han incurrido los gobiernos municipal, estatal y federal en imponer una planta de refrescos es evidenciar también su total abandono a políticas ecológicas para la región”, lamentó el abogado José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
De hecho para producir sólo un litro de refresco son necesarios dos litros de agua; en otroas palabras, “la cantidad que van a estar extrayendo del acuífero Cuautitlán-Pachuca es una descomunal de millones de litros diarios para poder generar su producción industrial”, enfatizó.
Lo anterior se debe a que la empresa tiene una capacidad mucho mayor a la del sistema de agua potable autónomo de Tecámac y esto viola una observación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El uso primordial del agua debe ser doméstico y personal antes del industrial, detalló el órgano.
Por ello, la comunidad del sistema autónomo de Tecámac ya prepara acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación en contra del comienzo de las actividades, pues en el estado “no hay condiciones de parcialidad”, precisió el abogado Lara Duque. Cuando termine la Semana Santa entrará un recurso.
Aproximadamente 80 de los 125 municipios del Estado de México tienen sistemas ciudadanos y autónomos para abastecerse agua. El artículo 2 constitucional determina el uso preferente de los recursos naturales y su manejo por parte de los pueblos originarios.
Aún así, ha habido disitntos intentos de privatización del agua para implantar megaproyectos “de urbanización desmedida” con el propósito de “garantizar el lucro a costa de la destrucción de la cuenca del Valle de México”, aseguró el grupo Agua para Todos, integrado por pueblos originarios, organizaciones sociales, sistemas comunitario de gestión del agua e investigadores.
“El gobierno mexiquense ha instaurado aparatos represivos que incluye la captura de autoridades comunitarias a través de corrupción, despensas o uso de la fuerza para intimidar y reprimir a quienes desde las comunidades intentan luchar contra la imposición de megaproyectos”, afirmó en entrevista a SinEmbrgo David Silva Carmona, de la Red de Antropología Populares del Sur.
“Para las comunidades estos proyectos no aportan nada porque son privados y, al contrario, generan el rompimiento del tejido social y despojo de recursos naturales” aseveró.
En abril de 2015, el Diputado priista Amador Monroy Estrada presentó ante el Congreso del Estado de México una propuesta para cambiar la Ley de Agua estatal y así municipalizar a los sistemas comunitarios de agua potable de la entidad “porque dice que no cuentan con la asesoría y capacidad suficiente para cumplir con la demanda de la población”, detalló Efrén Santana, habitante de San Lorenzo Huitzizilapan en el municipio de Lerma.
“El Estado toma la administración del agua mediante un aparato de despojo de manantiales y ríos cambiando las leyes, pero se la entrega directamente a la industria, minería y fracking. Para eso quieren el control del agua. La ponen como una mercancía al mejor postor, y la mayor cantidad está en los territorios indígenas”, puntualizó Santana.
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