Los dueños de las empresas fantasma enfrentarán acciones legales a ver si se hace al menos un poco de justicia…
La Procuraduría General de la República (PGR) está tomando acciones penales en contra de los dueños de las empresas “fantasma” que recibieron contratos por 645 millones de pesos del gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
Ayer la Procuraduría detuvo al dueño de una de las empresas y por otro lado, logró que un juez vinculara a proceso a los representantes legales de otras 7 compañías, todos acusados por ofrecer datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo que establece un delito federal.
Sumado a las denuncias, la PGR también lleva a cabo la localización de las personas al mando de otras 15 empresas que se ven involucradas en delitos de tipo fiscal y con la venta de productos al gobierno de Duarte.
La dependencia detalló por medio de un comunicado, que el día de ayer se realizó la orden de aprehensión contra el administrador de la empresa Bienart, S.A. DE C.V. con la ayuda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que hasta el momento ha iniciado 34 investigaciones por las irregularidades con las empresas.
Mientras, no se ha precisado el lugar donde se puso a juicio el proceso legal delos otros 7 dueños inculpados.
Por lo anterior, la PGR abre el primer expediente contra las irregularidades del gobierno de Javier Duarte, quien pidiera licencia para separarse de su cargo por lo que resta de su mandato.
La procuraduría informó que el caso de las empresas “fantasma” se originó de las denuncias realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que acusó a los administradores de las empresas por formular datos falsos al RFC.
Algunas de las 26 empresas investigadas por la SEIF son Abastecedora Romcru, Bienart, Marvercarr, Grupo Balcano, Saervizios Oktagonales, Publicidad Akkira, Desarrolladores Mercalim, Carrirey, Merca Carrey, Comersil y Mogarver.
Se tiene informes de que Bienart recibió tres contratos por más de 18 millones de pesos, supuestamente, por la compra de una cantidad no específica de láminas y cemento adquiridas por el gobierno de Veracruz.
Según la información del SAT, los domicilios de las empresas no coinciden con el que registraron, ya que incluso robaron la identidad de personas que aparecen como accionistas.
Fuente: Reforma
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