Una opción para romper con esa práctica sería la de implementar efectivamente el voto obligatorio
MCCI asegura que son recursos provenientes del desvío de recursos públicos, del financiamiento privado ilegal y del crimen organizado
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) advirtió que los partidos políticos utilizan recursos ilegales para financiar la mayor parte del gasto que realizan durante las campañas, con el objetivo de cubrir el costo de su estructura y para comprar o inhibir el voto.
Durante la presentación del estudio “Dinero bajo la Mesa. Financiamiento y Gasto Ilegal de las Campañas Políticas en México”, referido por Reforma, MCCI sostuvo que por cada peso reportado hay 15 que fueron utilizados de manera ilegal.
Según dicho análisis, el cual se basó en la revisión de las 15 elecciones estatales realizadas en 2015 y 2016, estos recursos son provenientes del desvío de recursos públicos, del financiamiento privado ilegal y del crimen organizado.
Amparo Casar, presidente de MCCI, comentó que el aumento del dinero en efectivo en la economía de las entidades donde se realizan elecciones es un indicador claro del manejo de recursos opacos durante las campañas electorales.
Detalló que durante la campaña presidencial de 2012 el flujo de efectivo se incrementó en 37 mil millones de pesos, mientras que en 2015, durante las elecciones intermedias, el aumento fue de 28 mil millones de pesos.
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“No podemos afirmar con certeza que todo se vaya a campañas políticas, pero sí es curioso el dato de que, repentinamente en los cuatro meses de campaña, suban las transacciones en efectivo y pues sí, por eso tenemos las tarjetas Monex, estos plásticos que se entregan”, dijo Casar.
El estudio confirmó que cada voto obtenido en zonas urbanas tiene un costo promedio de mil pesos y en las rurales de 500.
Por su parte, Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE, aseguró que el problema del financiamiento ilegal es sistemático y que en él incurren todos los partidos sin excepción.
Ugalde también propuso que una opción para romper con esa práctica sería la de implementar efectivamente el voto obligatorio y sancionar a quienes incumplan con la ley.
“Si el ciudadano está obligado a ir, porque sabe que si no lo hace recibe una multa o no puede realizar trámites oficiales, entonces el costo se traslada del partido a la sociedad, y esto descarga una fuente importante de contratar taxis para movilizar votantes”, explicó.
Agregó que otras medidas que podría ayudar, podría ser el uso de la urna electrónica, pues buena parte del dinero que los candidatos y la autoridad electoral gastan es en los representantes de casilla.
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