El titular de la FGR no informó si existía dicha orden de captura
Aunque la dependencia puede interponer un recurso de revisión contra esta suspensión, esto puede tardar meses
Un juez federal otorgó una suspensión definitiva al dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamp, para detener cualquier posible orden de aprehensión en su contra, en el ámbito federal o del fuero común.
Aurelio Damián Magaña, juez primero de distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, concedió la protección por lo que el dirigente sindical no podrá ser detenido por tiempo indeterminado.
Lo anterior también se dio ante la negativa de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), y del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya que no informaron si existía dicha orden de captura.
El juez argumentó que con base en el artículo 142 de la Ley de Amparo está obligado a considerar como presuntamente existente la orden de aprehensión o cualquier acto reclamado, cuando las autoridades no rindan un informe previo para confirmar tal información.
El recurso judicial indica que tanto a Gertz Manero como a los jueces de control de Almoloya fueron debidamente notificados de su requerimiento para rendir esa información y no respondieron.
“Se les tienen por presuntivamente ciertos los actos a éstas reclamados consistentes en: por cuanto hace a la primera: la emisión de la orden de aprehensión y del citatorio girados en contra del quejoso y por la diversa autoridad la ejecución de éstas”, dice el fallo en el amparo 51/2019, referido por Reforma.
Derivado del silencio del Fiscal y de los jueces, Damián Magaña desvirtuó los informes de la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal, la Procuraduría capitalina y su Policía de Investigación, dependencias que dijeron desconocer alguna orden de captura contra Romero Deschamp.
Aunque el juzgador impuso al líder petrolero el pago de una garantía de 10 mil pesos para mantener la vigencia de la protección, mismos que ya fueron pagados, aclaró la suspensión no lo protegerá contra una orden de captura por un delito con prisión preventiva oficiosa.
Lo anterior significa que en caso de que existiera una aprehensión contra el también exsenador priista por un ilícito como delincuencia organizada, las autoridades sí podrían privarlo de su libertad.
Por ello, la FGR puede interponer un recurso de revisión contra esta suspensión, sin embargo, la determinación de un tribunal colegiado puede tardar meses en confirma o revoca el mismo.
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