El organismo internacional sostiene que el proyecto atentaría contra la libertad de expresión en México y no prevendría la corrupción y desvió de recursos
Luego de que el pasado 10 de abril fuera aprobada en lo general la llamada #LeyChayote por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, el día de hoy la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dirigió una misiva al Senado de la República para que detenga la minuta del proyecto.
Según el organismo, se realizó de un análisis a Ley de General de Comunicación Social tras el cual considera que no va acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y su aprobación atentaría contra la libertad de expresión en México.
Actualmente la gestión de publicidad oficial goza de un status quo que se reforzaría con la aprobación de dicha ley, perdiendo la oportunidad de establecer reformas en la materia, según explican.
De acuerdo con una publicación de Sin Embargo, en la misiva se hace énfasis en que el Senado debe considerar un espacio de consulta “adecuada y genuina con la sociedad civil”, que hasta el día de hoy no ha sucedido.
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Debido a la naturaleza del proyecto, este debe considerar diversas opiniones de los diferentes actores de la sociedad que tengan interés en la regulación de la publicidad gubernamental, por lo que realizó seis observaciones sobre la minuta:
1. La minuta no regula de forma clara y precisa el proceso de asignación y contratación de la publicidad gubernamental, lo que “propicia el uso discrecional y excesivo de la asignación y contratación de la publicidad oficial con fines ajenos a la utilidad pública”.
2. No existe regulación del gasto actual en publicidad y deja dichos gastos a consideración de las autoridades ejecutivas, lo cual “mantendría el sistema de discrecionalidad en el gasto”, y no prevendría actos de corrupción o desvío de recursos.
3. La ONU señala que la ley debe incorporar “el principio de no discriminación en el uso de los fondos públicos”, pues podría considerarse discriminación y posible censura el hecho de que para la repartición de recursos se toman en cuenta las opiniones difundidas por los medios de comunicación o la afinidad política de los mismos.
4. La Minuta omite los criterios para identificar si la publicidad informa de manera efectiva y si la información es de interés, por lo que el organismo sugiere que se bebe considerar al público objetivo de la campaña, pues “la población tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado”.
5.El proyecto “no da las garantías adecuadas para que haya investigaciones o sanciones sobre las infracciones a la ley”, pues no define sanciones claras y las quejas quedan en manos de los superiores jerárquicos, quienes determinan si procede o no.
6. No existe autonomía en los “mecanismos de control externo de monitoreo de la asignación de publicidad oficial”, pues estos dependen del poder ejecutivo.
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Esta misiva se da en medio del reclamo de diversas organizaciones civiles, quienes acusan que el dictamen no atiende problemas que supone la publicidad oficial.
El exorbitante gasto en este rubro ha sido duramente criticado por la ciudadanía y organizaciones civiles, quienes denuncian que hasta el momento el gobierno federal ha gastado ya 40 mil millones de pesos en medios, cifra que podría aumentar para final del sexenio hasta 60 mil millones.
El principal reclamo es que dichos recursos se utilizan para comprar la línea editorial de la prensa mexicana y la aprobación de la #LeyChayote abriría la puesta a que el gasto aumente sin control.
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