Michelle Bachelet se dijo preocupada por las políticas migratorias implementadas
Sostuvo que las estrategias diseñadas para evitar que los refugiados lleguen a otro país están condenadas al fracaso
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) rechazó la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que supone un “retroceso” a las garantías individuales de los grupos más vulnerables.
En el periodo número 42 de sesiones, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó la denuncia al respecto, informó El Universal.
Asimismo, se dijo preocupada por las políticas implementadas en México, Estados Unidos y algunos países Centroamericanos, ya que consideró que las mismas exponen a los migrantes a un mayor riesgo de violaciones y abusos de derechos humanos.
“En particular, me alarma que los niños migrantes continúen siendo detenidos en centros tanto de EU como de México, infringiendo en el interés superior del niño, un principio fundamental del derecho internacional”, dijo.
La exmandataria chilena sostuvo que las estrategias diseñadas a evitar que los refugiados lleguen a otro país están condenadas al fracaso porque estas política en principio debe salvaguardar su integridad.
Sin embrago, los actuales programas están dirigidos a impedir la circulación de los migrantes con políticas de “cero tolerancia”, pero que no evitarán que las personas abandonen su país.
“Las familias que buscan abandonar sus lugares de origen se ven obligadas a hacerlo por una profunda angustia social y económica, incluso como resultado del cambio climático, así como por la inseguridad, la corrupción y otros factores de gran alcance”, dijo.
“Las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen y entren al país destino, o que los devuelvan sin las garantías del debido proceso, son simplemente retrocesos”, agregó.
Las actuales leyes, dijo, “presionarán a las familias desesperadas para que tomen rutas más peligrosas, quedando más expuestas a violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos”.
Bachelet detalló que “nuestras oficinas en México, Guatemala y Honduras han documentado un aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes”.
“También hemos observador casos de separación de familias en un contexto de privación arbitraria de la libertad; ausencia de evaluación individual; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza en contra de los migrantes”, añadió.
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