El ejecutivo aumentó el presupuesto asignado a las delegaciones estatales de nueve dependencias hasta en 71.2%
Además, TEPJF falló a favor del PRI para mantener en la opacidad la operación de los programas sociales o permitir la entrega de tarjetas
El colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza advirtió que desde el pasado mes de enero el gobierno de Enrique Peña Nieto inició con una elaborada estrategia electoral basada en la compra masiva de votos, el acondicionamiento de programas sociales y el sabotaje de los contrapoderes institucionales.
Según dicha organización, en el primer trimestre del este año el gobierno aumentó el presupuesto asignado a las delegaciones estatales de nueve dependencias hasta en 71.2 por ciento y agregó 36.6 por ciento, unos cinco mil 251 millones de pesos, más al gasto del programa Prospera, esto sin incrementar el padrón de beneficiarios.
Asimismo, otorgó 1,481 por ciento de fondos extras al Programa de Empleo Temporal (PET). A esto, hay que añadir que la administración federal, sostuvo, que desembolsó 38 por ciento más para la partida “materiales y suministros”, lo que pueden regalarse a cambio de votos, e infló en 48 por ciento el gasto en comunicación, ambos con alta discrecionalidad.
Cabe destacar que, de manera paralela, el ejecutivo recortó en 81 por ciento el presupuesto asignado a la observación electoral, ya que pasó de 93.6 millones de pesos asignados en 2012 a apenas 18 millones de pesos este año destinados a dicho rubro.
Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló a favor del PRI para mantener en la opacidad la operación de los programas sociales o permitir la entrega de tarjetas, un método que empleó Peña Nieto en su campaña de 2012.
Hasta el momento, la organización ha recibido 151 reportes sobre compra de votos en 25 estados, y si bien el tamaño reducido de la muestra recabada en su portal Democraciasinpobreza y el carácter “auto reportado” de las denuncias impiden un análisis estadístico, los datos indican que el precio de los votos oscila entre 150 y mil pesos, con un costo promedio de 500 pesos.
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Incluso, en el Estado de México se reportó una denuncia de compra de voto por hasta cinco mil pesos, aunque Alberto Sendón Rosales, coordinador del colectivo, precisó que se trató de la cooptación de un promotor, citó el semanario Proceso.
“La compra de votos puede ayudar a conseguir cargos, pero no sirve para combatir la pobreza. Son actos inmorales e ilegales. Aún queda un mes y medio de campañas, y es justo cuando se va a intensificar”, expresó Sendón Rosales.
El Colectivo también encontró irregularidades al comparar las asignaciones presupuestales otorgadas a algunas direcciones, delegaciones y programas de la Sedesol, Sedatu y Sagarpa durante los primeros trimestres de 2017 y 2018.
Por ejemplo, en Oaxaca el presupuesto asignado a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) creció en 838.8 por ciento: pasó de 18 millones a 170 millones de pesos. Mientras que en Chiapas el incremento fue de 553.8 por ciento, y en Campeche se disparó hasta el 1,062 por ciento.
En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), desde agosto de 2015, algunas direcciones tuvieron un incremento en sus fondos: el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares creció 206.3 por ciento, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) recibió 121.9 por ciento más, y la dirección de Comunicación Social obtuvo 153.9 por ciento extra.
Por su parte, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) la Dirección General de Fomento a la Agricultura obtuvo 579.4 por ciento más, ya que pasó de 569 millones a tres mil 867 millones de pesos, mientras que la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural subió 47,737 por ciento.
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