Señala que las demandas están afectando la labor periodística
El diario estadounidense The New York Times advierte que las demandas contra periodistas están siendo usadas para limitar investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en México.
“Una serie de demandas recientes presentadas en contra de periodistas —y una controvertida decisión de una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a que, cuando alguien se sienta afectado por algún contenido periodístico, el demandado repare el daño con una suma de dinero para la cual, además, no se establece un tope— están teniendo un efecto impactante en el periodismo investigativo y crítico”, señala una editorial del influyente diario.
El medio señala el caso de Carmen Aristegui, quien fue demandada por Joaquín Vargas, dueño de MVS Noticias, la cadena radiofónica de la que fue sacada del aire en los primeros meses de 2015 tras la difusión del reportaje de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto.
“En julio, Joaquín Vargas, propietario de MVS, demandó a Aristegui por ‘daño moral’. Esa es una de las diez demandas que se presentaron en contra de periodistas documentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).
‘Esto ha encendido las alarmas’, dijo Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la OEA. ‘Parece que algunos funcionarios se están beneficiando'”.
Otro caso mencionado por The New York Times es el del politólogo Sergio Aguayo, quien fue demandado por el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.
En julio, Moreira “presentó querellas en contra de dos periodistas por artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción que lo han perseguido desde hace tiempo. Uno de los periodistas afectados, Sergio Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue presentada para detenerlo en su investigación sobre una matanza en Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares)”.
Tras estos casos, el diario retoma las disculpas de Peña Nieto sobre sus relaciones con constructoras.
“Esa disculpa sería más creíble si el presidente encabezara un esfuerzo por evitar que las personas con poder se aprovecharan de los recursos legales para intimidar a la prensa”, concluye el diario.
Sé parte de la conversación