Un gobierno de rodillas, es así como mi colega y amigo Gil Ramos describía a la actual administración en México hace algunas semanas. Con cerca de 100 homicidios por día, siete periodistas asesinados en 8 meses, una epidemia de desapariciones de activistas sociales, estudiantes y civiles, y cientos de violaciones de los derechos humanos resulta difícil poder desacreditar tal afirmación. De hecho, México podría representar perfectamente la definición de “Estado fallido” provista por Bunker y Sullivan.
Contrario al “momento mexicano” descrito por la revista Time hace un año, los mexicanos viven en un clima de creciente inseguridad, son testigos de una corrupción todavía más evidente dentro de las instituciones gubernamentales, y experimentan la ingobernabilidad de distintas municipalidades. Por ello, lejos del sueño democrático de progreso, los ciudadanos en México se encuentran inmersos en una democracia peligrosa y aún sumamente frágil.
Empezando por la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, los últimos 12 meses han estado llenos de casos de violaciones de los derechos humanos que han sacudido a la sociedad mexicana. Dejando de lado el hecho de que los ejecutados pertenecían a una organización criminal, el asesinato de dichos criminales, una vez desarmados, en Junio del 2014, dejó claro que el ejército no realizaba sus operaciones con respeto irrestricto a los derechos humanos.
A pesar de que el Secretario de Gobernación aseguraba que el gobierno “llegaría hasta las últimas consecuencias” para castigar y evitar que se repitieran atrocidades como ésta, este hecho, hasta entonces la peor masacre cometida por las fuerzas armadas bajo la administración del Presidente Peña Nieto, demostró ser sólo un síntoma de la enfermedad que ataca al gobierno y a la sociedad mexicana.
Menos de tres meses después, México y el mundo fueron sacudidos por el secuestro y – ahora se sabe – la ejecución de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero. En este sentido, el 26 de Septiembre del 2014, docenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados, tres asesinados y 43 secuestrados por la policía municipal bajo órdenes del alcalde de Iguala, para después ser entregados a la organización criminal Guerreros Unidos.
Fuente: Sin Embargo
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