Este fin de semana, después de la –por muchos- muy cuestionada decisión de un juez de Distrito, fue derrotado uno de los últimos intentos de cientos de habitantes de Cancún para evitar la destrucción de lo que queda del manglar de Tajamar, espacio natural de la ciudad y refugio de cocodrilos, aves y especies marinas.
Desde hace 11 años, evidentemente bajo distintas condiciones físicas, ambientales e incluso de protección jurídica de la zona, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) obtuvo los permisos de las autoridades ambientales federales para desarrollar, en poco más de 70 hectáreas del manglar, infraestructura que contempla la construcción de una treintena de proyectos; entre ellos, la basílica católica de Cancún, un centro comercial, estacionamientos y oficinas, así como una zona residencial con 3 mil 600 viviendas y torres de condominios.
Para dar certidumbre a las inversiones de 42 desarrolladores de proyectos, Fonatur invirtió ya más de 500 millones de pesos para apoyar la urbanización de 58 hectáreas con vista a la Laguna de Nichupté. Sin embargo, habitantes de Cancún conscientes del valor que tiene hoy el manglar no sólo como hábitat de numerosas especies biológicas, sino también para el equilibrio ambiental de la ciudad, desde el año pasado han buscado frenar el proyecto y, así, garantizar el derecho humano y constitucional a gozar de un medio ambiente sano.
Y es justamente en este plano, en el de los derechos constitucionales, donde las autoridades municipales, estatales y federales han fincado los principales argumentos para seguir adelante con un proyecto a todas luces perjudicial para el medio ambiente y rechazado por amplios sectores de la población. Resulta que en las fechas en que fueron otorgados los permisos para destruir el manglar en el Malecón Tajamar –durante las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón-, aún no entraba en vigor la Ley General de Vida Silvestre que, desde el 2007, establece que bajo ninguna circunstancia se puede alterar un manglar, debido al carácter sustentable que deben observar los proyectos.
Invocando el artículo 14 constitucional (que da la garantía de la no aplicación retroactiva de la Ley), Fonatur y las demás autoridades involucradas dicen hoy que, jurídicamente, la destrucción del manglar, de la vida que en éste habita y de los servicios ambientales que éste presta, es un acto completamente legal y –según ellos- plenamente justificado.
A pesar de que los especialistas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) demostraron que las autorizaciones del proyecto Malecón Tajamar fueron otorgadas con una Manifestación de Impacto Ambiental que deliberadamente falseó la información (escamoteando la existencia del manglar), e ignorando y anteponiendo a la fuerza pública ante la oposición ciudadana, el multimillonario proyecto que beneficiará a unos pocos va adelante.
Estos hechos contrastan con las declaraciones que hiciera hace unas horas el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la Cumbre Mundial de Energía del Futuro 2016, en Abu Dhabi, cuando asegura que “México está asumiendo su responsabilidad global frente a los desafíos energéticos y climatológicos del futuro”.
Fuente: Diversidad Ambiental
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