Argumentó que no existen condiciones ni garantías para conservar su libertad
“No se me condujo mediante citatorio a proceso, tal y como lo prevé la norma”, reclamó en una carta
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció que no comparecerá en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para responder por la acusación en su contra por lavado de dinero.
Lo anterior, porque no existen condiciones ni garantías para conservar su libertad, argumentó en una carta dirigida a la opinión pública y publicada en su cuenta de Twitter.
A la opinión pública. pic.twitter.com/XIJSpgt8JW
— Emilio Lozoya Austin (@EmilioLozoyaAus) June 11, 2019
El exdirector de Pemex también expresó su voluntad de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para informar quiénes son los funcionarios vinculados en estas acusaciones, sin importar su nivel o jerarquía.
“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia, tengo todo el derecho de cuidar mi libertad, ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política orquestada en mi contra“, indicó en la misiva firmada por él mismo.
“Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga“, agregó.
Asimismo, aseguró que desde 2017 existe una campaña mediática en su contra, ya que se le ha acusado, juzgado y condenado, lo que viola sus derechos fundamentales.
“Detrás de esta campaña mediática hay intereses de poder, los cuales serán develados en su momento (…) Reitero que siempre he estado dispuesto a decir la verdad, con las consecuencias que haya para cualquier persona, pero recojo las expresiones del señor Presidente de la República, en que nada por encima de la ley y todo dentro del Estado de Derecho”, dijo.
“He girado instrucciones a mis abogados para que realicen todas y cuantas acciones jurídicas existan para garantizar un justo y debido proceso, en virtud de que me han intentado condenar, violando flagrantemente los principios generadores del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y por ende del Estado de Derecho, así como la presunción de inocencia e igualdad de las partes, violando así los derechos humanos consagrados en la Constitución, tanto los míos como de mi hermana e incluso mi familia”, destacó.
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Además, se quejó de que la orden de aprehensión en su contra obtenida por la FGR no ameritaba la prisión preventiva oficiosa, ya que pudo ser citado a una audiencia de imputación, como en anteriores ocasiones en las que se le requirió, tanto por la Fepade como por la Subprocuraduría de Delitos Federales, y compareció.
“No se me condujo mediante citatorio a proceso, tal y como lo prevé la norma”, reclamó en la carta retomada por el diario Reforma.
“El mismo juez de control (Artemio Zúñiga Mendoza) que libró la orden de aprehensión, libró órdenes de cateo, con falsos informes rendidos por elementos de la Policía Federal Ministerial; asimismo, ordenaron un cateo en la casa de mis padres, personas de edad, mintiéndole al juez de control, porque es público que mi hermana hace varios meses contrajo matrimonio y obviamente tiene su domicilio propio, por lo que no vive con mis padres. Le mintieron al juez de control, con hechos absolutamente falsos que serán probados ante la autoridad correspondiente”, añadió.
Lozoya también enfatizó que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, ya que el pasado 30 de mayo envió por escrito el nombramiento de sus abogados y solicitó los registros del expediente.
“Hasta la fecha se me ha negado. Esta ilegalidad por parte de la FGR es inaudita, ya que es un derecho de cualquier ciudadano conforme a la nueva ley, para poder defenderse ante supuestos ilícitos”, afirmó.
La semana pasada, la juez federal Luz María Ortega Tlapa otorgó un plazo de tres días hábiles al exfuncionario para presentarse a una audiencia y afrontar la imputación, pero en caso de que él se negara le retiraría la suspensión que impide su captura.
Sin embargo, en el momento en que la juez le retire la protección, Lozoya podrá presentan un recurso de revisión para extender la vigencia de dicha suspensión definitiva.
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