“Con las reservas de ley” fueron liberados la noche del viernes los 22 indígenas de la selva Lacandona detenidos un día antes, cuando acudieron al llamado que les hizo el Secretario de Gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez, para “dialogar” en torno a sus demandas relacionadas con la certeza en la tenencia de la tierra en la selva Lacandona, la libre elección de sus autoridades, y la liberación de Gabriel Montoya, su asesor.
La detención de los indígenas y la del mediador que los acompañaba –Mario Ruiz, representante de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)- hizo que defensores de los derechos humanos protestaran por lo que consideraron fue un acto de traición por parte del gobierno de Manuel Velasco.
Ante las protestas y la campaña que se hizo en las redes sociales para denunciar la acción del gobierno estatal, horas después de haberlo detenido, el gobierno de Chiapas liberó a Mario Ruiz, no así con el resto de los indígenas, quienes fueron acusados de los delitos de motín, ataque a las vías generales de comunicación, secuestro, entre otros.
La madrugada del viernes, el gobierno de Chiapas aceptó liberar a un grupo de mujeres que formaban parte de la comisión de indígenas, y la instalación de una Comisión para el Diálogo, la Paz y la Justicia de la Selva Lacandona, donde participara el gobierno federal. Solo así se podría “rehacer la ruta del diálogo, sin necesidad de mayores acciones de presión”, explicó Serapaz.
La reunión se llevó la tarde del viernes en la Ciudad de México, y en ella habitantes de la selva acordaron “dar otra oportunidad a la palabra” del gobierno de Chiapas, y como muestra de buena voluntad, aceptaron suspender las movilizaciones que realizaban desde el pasado 14 de mayo en la cabecera municipal de Ocosingo y en las carreteras que comunican a sus comunidades.
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