De verse amenazada la paz pública, el gobierno podrá limitar manifestaciones
Señalan que estas restricciones buscan garantizar el goce de los derechos humanos
La Cámara de Diputados aprobó ayer en comisiones una reglamentación al artículo 29 de la Constitución, con la cual el poder Ejecutivo podrá suspender las garantías individuales de las personas.
De verse amenazada la paz pública, el gobierno podrá limitar diferentes derechos, como el de la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o derecho de autor.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) tiene hasta el día de hoy para dar su fallo a favor o encontra de este dictamen, del cual se reglamentaría “el proceso de suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías a que hace referencia el 29 constitucional”.
De aprobarse estas restricciones o suspensiones, sólo se podrán llevar a cabo “en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto. La medida tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos”.
Si esta nueva medida llega a entrar en vigor, se le tendrá que dar publicidad a nivel nacional e internacional, sumado a que la Suprema Corte deberá decidir si es constitucional o no, además de validar los decretos emitidos por el poder Ejecutivo.
Para que sea declarado “estado de excepción”, por ejemplo, deben existir “factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, epidemias, etcétera, así como también revueltas internas de gran calado; incursiones de grupos armados internos conforme a lo previsto en el derecho internacional humanitario; graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado; crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones en el orden público; eventos derivados de la intervención humana (casos fortuitos), tales como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias, entre muchas otras”.
Por su parte, Araceli Damián, legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que dicha propuesta atenta contra la libertad de expresión, por lo que su partido y el PRD votaron en contra del dictamen.
Dentro del paquete legislativo que se prevé aprobar también está la Ley General de Víctimas, Ley de Trata de Personas y vigilancia de los puertos nacionales a cargo de la Marina.
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