Después de la “casa blanca”, quizás los dos escándalos más emblemáticos de la administración pública federal 2012-2018 son el de Huarte Laín en México (OHL México) y el de Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI. Los tres, casos alarmantes de posible corrupción, caben en el mismo costal de los recuerdos de un sexenio tormentoso. Un costal en donde brillarán otros eventos, como el fracaso para contener la guerra, el horror, el espanto; como el triste espectáculo de repartir lo que nos queda de petróleo y aún así no poder aliviar, para bien de la gente –y no de unos cuantos–, una economía postrada.
Uno solo de esos tres casos de posible corrupción habría servido a cualquier democracia medianamente funcional para emprender una reforma de Estado y para mandar a dos o tres hombres de la élite a prisión a pagar por todos los demás. Sabemos que eso, lo de encerrar aunque sea a uno –para taparle el ojo al macho y conseguir algo de legitimidad–, no sucederá. Todo lo contrario: el Estado mexicano salió en defensa de Moreira; OHL sigue operando a sus anchas mientras que el caso “casa blanca” quedó archivado después de un proceso sin honra que exhibió las peores prácticas de gobierno cerrado y ciego.
Moreira ruge como león herido. Amenaza a los medios de comunicación que publican (apenas un puñado) las recientes revelaciones, mientras la miel hedionda de su rescate inmoral de la justicia española gotea a diario con nuevos detalles que lo hacen ver como lo que es: otro hijo podrido de un sistema igualmente podrido que vela por los suyos aunque se hunda en el descrédito.
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La ecuación que le genera al Gobierno federal el escándalo de OHL México no es fácil de resolver.
Está claro, digamos, que OHL le ha hecho un daño irreversible a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Pero igualmente claro está que investigar los encuentros privados de los ejecutivos de la empresa española (Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, se reunió en un sótano de la CFE con José Andrés de Oteyza, director de OHL México) con secretarios de Estado, con el Gobernador del Estado de México y con su jefe de gabinete y ex titular de Comunicaciones y Transportes, lleva a un solo camino: a un escándalo mayúsculo. Y a nadie le gustan los escándalos, sobre todo si son mayúsculos.
Se puede emprender una operación de distanciamiento con OHL pero el reto está en que esa empresa española no se sienta relegada. ¿Cómo? ¿Cómo podría la administración Peña hacer a un lado a OHL si hay contratos por miles de millones ya firmados, no sólo federales sino también con gobiernos como el de Eruviel Ávila? Si varios de los funcionarios involucrados en los audios efectivamente se corrompieron, ¿cómo relegar o consignar a los funcionarios de OHL sin exponerse a que queden dolidos, es decir, abiertos a la posibilidad de que filtren cuanto saben?
Lo cierto es que OHL México fue demasiado lejos. Y todavía no sabemos hasta dónde, porque quienes están liberando los audios no han dicho que ya terminaron.
La última información disponible indica que sus ejecutivos se metieron a Los Pinos y eso, que ha sido ignorado por la mayoría de la prensa, tiene muy preocupados a muchos. Sí plantea un tema de Seguridad Nacional. Dos grabaciones difundidas los pasados jueves y viernes, con distintas llamadas, indican que Ignacio Bobadilla Reyes, Director General Adjunto de Eventos Presidenciales, habló con Pablo Wallentin, ex directivo de OHL, para entregarle la agenda del Presidente Peña Nieto. No es cosa menor. Aún si el funcionario cumplió una orden o actuó sin dolo, ¿para qué quería OHL México por anticipado las giras del Presidente?
En una carta a SinEmbargo, sin membrete del Gobierno de la República, Bobadilla Reyes reconoció que sí se le ofrecieron vacaciones pagadas, pero no las aceptó. Es decir: que sí hubo un intento por sobornarlo, pero el intento fracasó. ¿Por qué no recurrió a las autoridades correspondientes para denunciarlo? ¿Por qué habló de un solo evento, cuando otras grabaciones indican que le pasó a OHL la agenda de varias actividades más del Presidente? Insisto en la pregunta, porque no es un tema de la grilla sino de Seguridad Nacional: ¿Para qué quería una empresa extranjera los detalles de las giras del Presidente mexicano? ¿Qué uso le daba OHL a esa información?
Y a más silencio, digo yo, más posibilidades hay de que la compresa de lodo se rompa y bañe no sólo a los mencionados hasta ahora, sino a muchos más. ¿Por qué no contenerla? ¿Qué tiene amarrada de las manos a la administración federal?
OHL tiene las manos tan metidas, tan arriba en el Gobierno federal, que el destino de la administración Peña y el de la empresa es uno mismo. Ya no importa quién se hunda primero: van juntos. Han caminado un largo tramo juntos, tan juntos que ya no es posible separarlos sin llevarse un dedo, una mano. Y nadie quiere ser ese dedo o esa mano.
El daño de OHL es irreversible, ciertamente. Pero el Gobierno de México no investiga a OHL porque van juntos. No importa ya, parece, la cantidad de audios que se difundan. Está decidido que no pase nada. Y está decidido así porque OHL y la élite federal se volvieron una misma cosa.
OHL, Humberto Moreira, la élite del PRI y del Gobierno se volvieron una misma masa impune.
Y como en una fiesta de cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos, donde periodistas, ex presidentes, gobernantes, políticos, empresarios y líderes religiosos celebran la vida, no hay jerarquías ni opositores: sólo intereses comunes. Celebran la vida porque llegaron a donde llegaron sin apenas oposición. Celebran nadando en un mismo caldo de impunidad porque lo han ganado todo. Y levantan la copa y gritan, a un coro: ¡Larga vida al reino de México! ¡Noventa años más!
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