Imaginen lo que puede hallarse en esos lugares hasta ahora restringidos…
La Organización de las Naciones Unidos (ONU) recomendó que el proyecto contra la desaparición forzada debe dar acceso a los cuarteles militares y a los órganos de seguridad del gobierno mexicano para garantizar el encuentro de las víctimas de ese delito.
Un integrante del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones forzadas o Involuntarias en la ONU, Ariel Dulitzky, emitió sus recomendaciones en la reunión organizada para las comisiones de los senadores, quienes controlan el proyecto de la ley contra la desaparición forzada.
Dulitzky dijo que el ingreso de los cuarteles debería permitirse tanto en la investigación como en la búsqueda, además de que debe de quedar escrito en la ley “porque lo hemos visto en muchos casos, que a pesar de muchísimas requisitorias no se ha logrado entrar a ciertas instalaciones militares hasta el día de hoy, ni siquiera interrogar a militares en algunos casos”.
“Creo que para superar algo de la desconfianza y pesimismo con la que observan muchas de las víctimas, debería clarificarse la responsabilidad y el pleno acceso a todos los lugares del estado y deberían nombrarse con nombre y apellido, que se debe garantizar el acceso a cualquier instalación militar, a cualquier instalación del SIEDO [Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada], a cualquier instalación de cualquier organización de seguridad, cuerpo de seguridad o cuerpo de inteligencia. En algunos artículos de la ley se enumeran ciertos lugares públicos, ciertos lugares donde se debería permitir el ingreso de los investigadores o de la Comisión Nacional de Búsqueda”, comentó.
Subrayó que se debe de “garantizar de manera más eficiente todo lo que es la protección, organización, preservación y acceso a los archivos. La ley lo menciona, pero tiene que mencionar de manera más explícita todos los archivos, incluidos los de la fuerza de seguridad”.
Por otro lado, la organización conformada por 80 organizaciones y 21 estados de México, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), dijo que en todos los casos de desaparición de personas en el país, el Estado tiene responsabilidad por omisión o acción. Por ello, los funcionarios estatales han sido responsables o encargados de las desapariciones de las personas de forma directa, por saber de los casos y no hacer nada al respecto o por enviar a gente en particular a cometerlos.
La Red TDT informó que los delitos de desparición forzada en el Código Penal Federal no se asemeja a los estándares internacionales de los derechos humanos, contando con que en 8 estados no se tiene tipificado esta delito en sus códigos penales.
Por otro lado, la organización exige que la tipificación de los diferentes tipos de desaparición sea discutida en el Senado, con el fin de crear una Comisión Nacional de Búsqueda y un Instituto Nacional Forense independiente para otorgar información jurídica a las familias de las víctimas.
Demandó que esta ley sea aprobada antes del 15 de noviembre para que sea tomada en cuenta para el presupuesto de egresos de la federación en el año 2017 para así contra con recursos y posibilidades de ser implementada.
Como dicta la ONU, una desaparición forzada se realiza “cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.
Desde el 3 de septiembre de 2015 fue presentada la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada y la Desaparición de Personas cometida por Particulares ante el Senado por integrantes de la Campaña Nacional en contra de la desaparición en México.
Fuente: Sin Embargo
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