“La Ley no es igual para todos, las instituciones no están funcionando” dice director de Coparmex
Necesitamos un “gobierno que realice lo necesario para que su sociedad funcione adecuadamente y cuente con condiciones dignas de vida”, dijo Ana Laura Martínez
De acuerdo con la mesa de diálogo “Cohesión Social”, realizada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en la sede de la Academia Mexicana de la Historia en la Ciudad de México, la desigualdad y la pobreza en el país, son alimentadas los privilegios, la falta de consecuencias y de funcionalidad de las instituciones.
Los especialistas destacaron que estos aspectos no sólo mantienen la desigualdad en México, también generan desconfianza entre la ciudadanía
A finales del año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reveló que en México existen alrededor de 55.3 millones de personas en situación de pobreza, lo que equivale al 46.2 por ciento de la población total de país.
A estos ciudadanos que sufren de carencia se suman 11.4 millones de personas que viven en pobreza extrema, menciona el Coneval en su Informe sobre Desarrollo Humano en México 2016.
“Lo que requerimos es un Estado como defensor de la reciprocidad, es decir, un gobierno que realice lo necesario para que su sociedad funcione adecuadamente y cuente con condiciones dignas de vida”, comentó Ana Laura Martínez, investigadora del Instituto Mexicanos para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo con la investigadora “el papel de los gobiernos es lograr que la gente pueda ejercer un derecho y laborar. Las instituciones en México están atentando en contra de la reciprocidad”.
En el evento, los ponentes abordaron perspectivas y soluciones de la pobreza y la desigualdad en México. Dentro de las medidas que desde la sociedad civil y las empresas se pueden realizar para frenar la ola de empobrecimiento en México, se encuentra la recuperación gradual del salario mínimo, la generación de empleos productivos de calidad, el fortalecimiento del mercado interno y las cadenas de valor.
Para conseguir un cambio es necesario conocer las expectativas de la ciudadanía, pues “el gobierno no ha observado a la responsabilidad social como el móvil que lo lleve a una producción efectiva”, explicó Eloy Rodríguez, Director General de Acción Social Empresarial (ACCSE).
La Coneval señala que en nuestro país sólo 33 millones de mexicanos ven satisfechos sus derechos de alimentación, salud, seguridad social, educación, y espacios y servicios básicos de vivienda. En contraste, 26.5 millones están privadas de al menos tres de estos derechos.
En ese sentido, los ponentes manifestaron que en México se puede hablar de una discriminación estructural que limita a ciertos miembros de la sociedad, situación que merma la movilidad social.
Para acabar con la desigualdad social y la falta de movilidad social es necesario cubrir tres elementos básico: incrementar el salario mínimo; la construcción y fortalecimiento de un sistema de protección social universal; y la creación de un padrón único de beneficiarios, así lo señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Informe sobre Desarrollo Humano.
“La Ley no es igual para todos, las instituciones no están funcionando y no estamos acostumbrados a tener consecuencias en este país en los procesos de corrupción e impunidad”, opinó Francisco López, Director General de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Al respecto Ana Laura Martínez comentó que el 70 por ciento de las empresas están fuera de la formalidad, principalmente debido que “el diseño fiscal en el país no fomenta la formalidad y genera incentivos para generar informalidad”, indicó . Sólo el 42 por ciento de los asalariados cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), detalló.
Para la integrante del IMCO, hay correlación entre informalidad y pobreza, problemas que no hemos sabido resolver y que detienen nuestro desarrollo. No es casualidad que “los siete estados con más informalidad [en México] son los que tienen más pobreza”, aseveró.
Para Gerardo Castillo, Gerente de Investigación del Cesp, “el modelo de crecimiento económico no ha sido suficiente y hay que incluir a estos pequeños establecimientos porque así tendremos más posibilidad de generar ingresos […]. Se destina mucho al gasto corriente y poco a la inversión. Tendría que haber un impuesto generalizado y asegurarse de que los recursos se canalicen” para mejorar realmente las condiciones de vida de los mexicanos, indicó.
Más educación y generación de competencias para aumentar la producción y la riqueza nacionales, son la solución al problema de desigualdad y pobreza concluyeron los ponentes. Gente más informada y consciente para decidir sobre las propuestas políticas y sociales que nos afectan a todos.
Fuente: Sin Embargo
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