Coello Zuarth asegura que el Ministerio Público capitalino se dedicó a obstaculizar la investigación
Los dueños de los condominios acusaban al abogado de la esposa de López Dóriga de extorsión
La demanda por presunta extorsión por 5 millones de dólares a la empresa Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, será abierto por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, luego de una orden de el juez federal José Díaz de Léon Cruz, del Juzgado Segundo de Distrito en Amparo Penal.
Este caso trascendió cuando se diera a conocer que Teresa Pérez Romo, esposa del conductor Joaquín López Dóriga, estaba involucrada.
También involucraba al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien argumentó que no fue una extorsión, sino una “propuesta de conciliación” en el conflicto entre los vecinos del edificio de condominios de la calle Rubén Darío, en Polanco, y la empresa inmobiliaria de Aramburuzabala.
El caso se había cerrado el 18 agosto de 2016, cuando la Procuraduría capitalina había decidido el “no ejercicio de la acción penal” con el argumento de que era “ocioso e innecesario” entrevistar a los 39 condóminos del edificio Rubén Darío 223, y consideró válida la explicación de Becerra Pocoroba.
Un día después, se dio a conocer el “carpetazo” de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la cual consideró que no hubo delito de tentativa de extorsión, porque los representantes de Abilia “aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicada en la calle Rubén Darío número 223, de la colonia Polanco”.
También desestimó la prueba de la videograbación en la que se escucha al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba pedirle 5 millones de dólares a los funcionarios de Abilia, a cambio de frenar otros litigios, porque “la inmobiliaria siempre participó por su voluntad, y si bien como lo manifiesta el denunciante fueron amedrentados con realizar el juicio de lesividad, en ningún momento la supuesta repercusión desembocaría en un acto ilícito, sino que se realizaría conforme a un acto formalmente regulado”.
De acuerdo con el despacho de abogados de Javier Coello Zuarth, contratado por Aramburuzabala, la Procuraduría de Justicia actuó más como “abogado defensor” de la esposa de Joaquín López Dóriga y de otros implicados que como instancia investigadora.
En entrevista a Proceso Coello dijo: “No hubo un contrapeso jurídico por parte de los López Dóriga Pérez Romo. El contrapeso lo hizo la Procuraduría capitalina”.
Coello Zuarth asegura que el Ministerio Público capitalino se dedicó a obstaculizar la investigación.
Fuente: Proceso
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