Los abusos se sucedían. Sueldos de hambre, condiciones de vida miserable, horas extras que no eran abonadas. La explotación laboral era moneda corriente.
“Todos veíamos normal que suspendieran a gente por tres o cuatro días o que la despidieron sin indemnización por exigir que se respetaran nuestros derechos, por tratar de obligar a los patrones a pagar horas extras o los días que nos tocaba descanso”, comentó José Ignacio García, de 19 años y quien trabaja desde los 12 en los campos del valle de San Quintín, 180 kilómetros al sur de Tijuana y no muy lejos de la frontera con Estados Unidos. “Nos acostumbramos a ganar 100 pesos (poco más de seis dólares) por una jornada diaria de más diez horas, pero ahora ya no nos alcanza para lo indispensable, para vivir, para mantener a una familia”.
Esa región agrícola era una caldera que finalmente estalló el pasado lunes 16 de marzo, en que cerca de 50.000 peones de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, todos distritos del municipio de Ensenada, comenzaron una huelga para demandar mejores salarios y condiciones laborales.
“Nos hartamos de tanta injusticia”, afirmó Celina Sierra, de 27 años, 13 de ellos como jornalera y quien es el principal sustento de sus dos hijos y de su madre.
La huelga derivó en un enfrentamiento el pasado martes, cuando grupos de manifestantes bloquearon momentáneamente la carretera Transpeninsular, la principal vialidad del estado de Baja California, y policías estatales, federales y miembros del Ejército mexicano intervinieron para desalojarlos. Los manifestantes quemaron llantas en vías públicas, rompieron cristales de negocios, bloquearon la carretera con piedras y arrojaron objetos a policías y militares, según las autoridades.
El subsecretario del Gobierno de Baja California, Pablo Alejo López, dijo a la AP que habían arrestado a “poco más de 200 personas”, muchas de las cuales fueron luego liberadas, según la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Como consecuencia de la agitación, se cerraron todos los negocios, escuelas y ranchos de la región, donde viven 140.000 personas, la mayoría de ellas migrantes de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, de acuerdo a censos oficiales. Hay aproximadamente 50.000 jornaleros que trabajan en 60 ranchos de siembra de verduras y frutas, una docena de las cuales abastecen a las principales cadenas de restaurantes y tiendas de Estados Unidos.
El subsecretario del Gobierno de Baja California Pablo Alejo López dijo que se había establecido una mesa de diálogo con los manifestantes, quienes de entrada “pusieron como condicionante que hubiera un representante de las empresas y de los sindicatos y hasta ahora no había sido posible”.
“Sabemos que hay rezagos que hay que atender, hay empresas muy responsables, pero también empresas que se aprovechan de la laxitud de las leyes, de las normas y de las políticas que puedan implementarse y eso hace que se estanque el avance. Hay muchas cosas sobre las que hay que trabajar”, dijo López a la AP.
Los rancheros no han querido hablar en público de las protestas, pero el propio gobierno “reconoce que lo que perciben (los jornaleros) no les alcanza” para vivir, según dijo a la AP Moisés Dávalos, delegado de la Secretaría General de Gobierno de San Quintín. Añadió, no obstante, que los manifestantes “están generalizando los maltratos de mayordomos. Hasta ahora no tenemos nombres específicos de maltratos o acoso sexual”.
Para algunos especialistas, la manifestación social de esta semana es un alerta roja, una expresión de duras problemáticas históricas que no se han resuelto.
“En los años 90 (del siglo pasado) hubo estallidos de violencia – aunque no con la magnitud de ahora – por las situaciones laborales de ciertos ranchos que cometían diversos abuso. Algunos ranchos no les pagaban a sus trabajadores. Hay que reconocer que se ha mejorado en materia social y laboral, pero falta mucho por hacer”, dijo Vicente Guerrero, de 61 años, pionero de la siembra de ostiones en San Quintín e impulsor de la municipalización del valle. “Tenemos un fallo fuerte en seguridad social y en los contratos colectivos. Además de que la ciudad tiene severos focos de delincuencia, colonias que son asoladas por vándalos y que muchos de ellos estuvieron involucrados en los actos vandálicos que se hicieron durante las protestas”.
Por su parte el economista y catedrático del Colegio de la Frontera Norte Alejandro Díaz Bautista señaló que “hay un rezago económico y social de décadas en San Quintín. Padecen pobreza extrema, hay carencia de infraestructura, servicios básicos, agua y sobre todo carencia de fuente de empleo”.
Cifras oficiales indican que el 46.8% de la población del valle de San Quintín no cuenta con servicios de salud y que la mayoría de los peones no pasó del cuarto grado de la escuela primaria.
Fermín Salazar, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, a agrupa a las organizaciones indígenas que están encabezando las protestas, dijo a la AP que desde diciembre pasado habían tratado de dialogar con el gobierno y los representantes de los ranchos agrícolas, los sindicatos CTM – CROC y de Seguridad Social para lograr una solución “a las múltiples violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de los empleadores”, pero ningún representante se había sentado con ellos. Lo hicieron solo después de las protestas de esta semana.
La situación se mantiene tensa en la región. La mayoría de los comercios, incluyendo estaciones de gasolina y supermercados, siguen cerrados y a lo largo de la carretera Transpeninsular los manifestantes prenden fogatas.
Las autoridades, por su parte, establecieron retenes policíacos con oficiales armados con rifles, quienes revisan autos al azar, según pudo comprobar la AP.
Con información de Animal Político
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