Pueden transcurrir varias semanas o meses antes de que la solicitud de extradición sea aprobada
Los desvíos millonarios no se encuentran entre los delitos por los que México solicita la extradición
Con cuatro órdenes de aprehensión vigentes giradas en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el gobierno mexicano solicitará formalmente a Guatemala la extradición del político.
Dichas órdenes de aprehensión agrupan un total de ocho delitos, de los cuales sólo el de delincuencia organizada amerita prisión automática. Para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva, y argumentar por qué existe riesgo de fuga.
El día de hoy la PGR informó que enviará la solicitud formal en el transcurso del día, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Aunque Duarte fue detenido el 15 de abril, la solicitud de extradición tuvo que retrasarse debido a que la Fiscalía de Veracruz pidió adherirse al procedimiento, pues cuenta con dos órdenes de aprehensión contra el exmandatario, informó el subprocurador de Asuntos Jurídicos de PGR, Alberto Elías Beltrán.
Las órdenes de aprehensión de Veracruz son procedentes, por lo que México pedirá la extradición de Duarte, tanto por los casos federales como los locales.
Sin embargo los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, no se encuentran entre los delitos por los que México solicita la extradición.
Ni una de las 53 averiguaciones previas iniciadas por esas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR.
Los ocho delitos que le imputan a Javier Duarte son:
– Delincuencia organizada:
Lo acusan de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. El delito amerita prisión preventiva de oficio y su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
– Operaciones con recursos de procedencia ilícita:
Tanto al ex mandatario como a sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena para quien resulte culpable va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
– Abuso de autoridad:
A través de su cargo giró instrucciones para utilizar recursos públicos con otros fines, afectando a los ciudadanos para obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión.
– Incumplimiento de un deber legal:
Duarte permitió que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines. El delito una pena de uno a ocho años de prisión.
– Peculado:
Los desvíos que se registraron en su administración tuvieron a Duarte como beneficiario final, lo que le permitió a él y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito. El delito contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
– Tráfico de influencias:
El exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. El delito contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.
– Coalición:
Por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Esto está tipificado como un delito de coalición y alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.
– Obstaculizar funciones electorales:
Duarte puso en riesgo procesos electorales estatales y obstaculizó la entrega de recursos públicos destinados para el funcionamiento del Órgano Público Local Electoral de la entidad. La pena no supera los tres años de prisión, los cuales pueden ser sustituidos por una fianza y reparación del daño.
Luego de que las autoridades mexicanas envíen la solicitud de extradición, pueden transcurrir varias semanas o meses antes de que esta sea aprobada.
La presentación de la solicitud de extradición es, apenas, el segundo paso del procedimiento establecido entre México y Guatemala.
Si se considera que no cumple algún requisito, Guatemala puede dar un plazo de 30 días más para que México la corrija, y el país solicitante puede ampliar este plazo otros 30 días.
Si no encuentras ningún problema con la solicitud formal, el Ministerio Público de Guatemala debe solicitar al juez fecha de audiencia, donde este determinará si es procede o no la extradición.
La defensa podrá presentar un recurso de apelación en contra de la resolución, que será resuelto por el Tribunal a la Corte Suprema.
Fuente: Animal Político
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