Pese a las inconsistencias señaladas por diversos colectivos, las bancadas de Morena, PRI, PANAL y PVEM votaron a favor el dictamen
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso que se expida una ley en materia de publicidad oficial, el PRI y sus partidos aliados presentaron una iniciativa de ley para regularizarla.
De acuerdo con una publicación de Animal Político, esta iniciativa no incluye cambios significativos al gasto que hoy se hace en comunicación social, hecho que ha sido ampliamente criticado por la ciudadanía.
No obstante, Ana Cristina Ruelas, Directora General para México y Centroamérica de Artículo 19, advierte que el aspecto más preocupante es que la propuesta impulsada por el tricolor legaliza malas prácticas que abren la puerta a la sobreexposición de funcionarios y al desvío de pagos a medios.
“Es una ley en donde está todo mal y donde hay hasta una redacción perversa (…) regulariza lo que ya se venía haciendo mal”, dijo Ruelas.
Destaca que el Colectivo Medios Libres y la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizaron una serie de sugerencias para regular la pauta de publicidad oficial, mismos que no son atendidos en la iniciativa.
Con la discusión de la iniciativa en puerta, Ruelas señaló que esta no debe ser aprobada de la forma en la que está redactada, pues no favorece la libertad de expresión ni el pluralismo en la información.
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Por ello, Artículo 19 realizó un análisis de la iniciativa en donde encontró las siguientes fallas clave:
1.- Comunicación social es igual a “logros del Gobierno”
La iniciativa considera como una campaña de comunicación social la difusión de los “logros del Gobierno”, lo cual deriva en una promoción excesiva de administraciones o funcionarios.
“La comunicación social debe ser información útil para el ciudadano para toma decisiones sobre sus derechos y obligaciones. No tiene que ver con la promoción de los logros de nadie. Esto no es definición de publicidad oficial sino sobreexposición de funcionarios”, dice Ruelas.
2.- Informes de Gobierno sin reglas de gasto
El artículo 14 de la ley excluye por completo de las reglas del gasto en comunicación social a los informes que presenten los servidores públicos. Esto legalizará la sobrexposición de los funcionarios públicos para que presuman sus “logros”, sin reglas claras respecto a ese gasto.
3.- Promoción Engañosa
Los funcionarios podrían promover su imagen sin restricciones si “no buscan beneficio personal”.
“Se puede decir que la finalidad es promover un servicio de salud pero el funcionario ahí está y al final el objetivo real puede ser ese, que se le promocione a él aunque oficialmente se diga cualquier otra cosa”, reclama la directora de Artículo 19.
4.- Gasto innecesario en comerciales
Las dependencias podrán contratar tiempos comerciales siempre y cuando ya no estén disponibles tiempos oficiales. Se pagaría a los medios por algo que por ley es gratis.
“Si tú ya tienes en la ley algo que es gratis ¿por qué vas a gastar dinero en lo mismo?”, cuestiona Ruelas.
5.- Medios sin rendición de cuentas
La iniciativa de ley solo considera como sujetos obligados en materia de transparencia a los entes públicos y no a los medios de comunicación que reciben los recursos públicos para difundir mensajes de comunicación social.
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6.- Puerta abierta a desvío de recursos
Las “disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal”, no pasarían por ningún control de gastos.
7.- Publicidad oficial sin identificar
La iniciativa establece que el gasto en comunicación social que se destine a programas que deriven en beneficios directos a la población debe identificase con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político”.
Ruelas explicó que esto solo regulariza lo que ya existe e ignora la exigencia para que se identifique toda la publicidad oficial sin excepción, y no solo la de los programas.
8.- No habría regulación autónoma de pautas y pagos
La iniciativa de ley del PRI establece que es la Secretaría de Gobernación la que definirá los lineamientos para la asignación del gasto.
“Si tú tienes al órgano político del estado Mexicano que es la Secretaría de Gobernación controlando la comunicación social entonces todo se convierte en político, incluida la promoción social”, explica la directora de artículo 19.
9.- No habría criterios para asignar el gasto
Esto deriva en que los recursos sean asignados de manera arbitraria, sin la existencia de “criterios claros, objetivos y transparentes” de la asignación de la pauta de publicidad oficial.
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Pese a todas estas fallas existentes en la iniciativa impulsada por el PRI, el día de hoy los partidos votaron a favor de la aprobación de la misma.
Según detalla una publicación de Reforma, PAN, PRD y MC, votaron en contra del dictamen de aprobación de la Ley General de Comunicación Social; mientras que el grupo parlamentario de Morena, PRI, PANAL y PVEM votaron a favor.
Durante la discusión de la iniciativa Eukid Castañón, del PAN, propuso votar el dictamen y que en la Junta de Coordinación Política se viera la posibilidad de acordar modificaciones al documento.
Esta propuesta para aprobar el dictamen fue secundada por Arturo Huicochea, diputado del PRI, en la que se dijo que fuera la Jucopo la que determinara si procedían los cambios.
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