Se logró la suspensión de su condena de ocho años de prisión.
Aun no se reconoce la violación a sus derechos humanos.
Los indígenas tsotsiles Margarita Gómez López y David Hernández Gómez, fueron torturados para inculparse del homicidio de un hombre y hasta hace poco obtuvieron su libertad condicional.
La tortura a la que fueron sometidos ocurrió el 24 de abril del 2014 en las instalaciones del Ministerio Público en Teopisca y en la fiscalía de Distrito Altos en San Cristóbal de Las Casas a manos de elementos de la Policía Especializada de Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) llevó el registro de las irregularidades que se cometieron en el proceso penal de los acusados; ambos fueron detenidos sin presentar una orden de aprehensión en su contra.
Desde que se les detuvo hasta que se les trasladó, David y Margarita sufrieron de tortura que no terminó hasta que se les hizo firmar una declaración autoinculpatoria por homicidio.
El 29 de enero de este año, el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, dictó en contra de Margarita y David una condena de ocho años por el delito de homicidio, además de que no tomó en cuenta la tortura a la que fueron sometidos.
Sin embargo, a través de una sentencia suspendida, el 14 de octubre se logró su libertad, a pesar de ello no se reconoce su inocencia por lo que no se reconoce la violación a sus derechos humanos.
El centro humanitario que los ayudó en el proceso, subrayó que este caso es sólo uno de los muchos en los que se ven afectados los derecho humanos de integrantes de comunidades indígenas.
“El caso de Margarita y David no es aislado, representa un patrón de violaciones a derechos humanos que de manera sistemática vulnera a población especialmente indígena y en extrema pobreza, quienes se encuentran sin protección ante un sistema que utiliza la tortura como método para fabricar culpables y como una forma de quebrantar a las personas, violentar su integridad personal con efectos en su entorno social, comunitario, su organización y familia”.
Mientras tanto, el centro Frayba exige que con el nuevo sistema de justicia se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas, a pesar de la crisis por la que atraviesan las instancias de procuración de justicia “que lacera a la sociedad y obedece a un sistema de represión. Urgimos haya una observancia puntual con el nuevo sistema judicial para que respete y garantice la presunción de inocencia, al debido proceso legal y garantías de no repetición donde la tortura sea erradicada”.
Fuente: Sin Embargo
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