Pese a que hubo indicios de que Duarte estuvo desde noviembre en Guatemala, las autoridades de dicho país no habían recibido ninguna solicitud de aprehensión
Si Duarte acepta la extradición el procedimiento será rápido, pero si se opone el proceso podría durar algunos meses asegura fiscal en Guatemala
Luego de la detención del ex gobernado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, han surgido varias interrogantes respecto al proceso de extradición a nuestro país, así como sobre la red de apoyo que le permitió estar prófugo durante varios meses.
Al respecto, la Fiscalía General de Guatemala asegura que actuó conforme a la ley y Duarte de Ochoa no pudo ser detenido antes porque no existía una solicitud de aprehensión para extradición por parte del gobierno mexicano.
La Procuraduría General de la República (PGR), no ha iniciado acciones contra las personas que conformaron su red de apoyos del ex funcionario, como su esposa Karime Macías, su cuñada Mónica Guihan Macías Tubilla, o su concuño Santiago Rodríguez Macías.
Las autoridades guatemaltecas no pueden emprender acciones contra de los familiares y amigos del político veracruzano, pues dichas personas no han quebrantado la ley en Guatemala, por lo que el Ministerio Público de ese país aclara que sólo puede actuar en caso de que la PGR lo solicite.
Una petición que no ha llegado, pese a que toda la familia fue encontrada en un hotel con vista al lago de Atitlán en el turístico municipio de Panajachel.
La Fiscal General guatemalteca, Thelma Aldana Hernández, habló con SinEmbargo sobre Duarte, su detención y su futuro.
De acuerdo con Aldana, pese a que hubo indicios de que Duarte estuvo desde noviembre en Guatemala, las autoridades de dicho país no habían recibido ninguna solicitud de aprehensión.
“El Ministerio Público de Guatemala recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la embajada de México acreditada en Guatemala. En esa nota el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos nos pedía la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal de extradición, o sea a México, del señor Javier Duarte de Ochoa de nacionalidad mexicana. De tal manera que antes del 15 de abril el Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque no había una solicitud. No se había recibido esta nota verbal del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo .
Según explica, aunque el político tenía orden de aprehensión en México, esta no tuvo alerta roja a nivel de Interpol. Por ello las autoridades en Guatemala no podían actuar sin una solicitud previa de México, pues “ese es el mecanismo legal y es una muestra de la coordinación y comunicación entre las autoridades mexicanas y las guatemaltecas” aseguró.
Respecto a la familia Duarte, las autoridades Guatemaltecas no están facultadas para vigilarla o investigarla, según explicó, pero “podemos colaborar con la Procuraduría General de la República de México si nos lo solicita a través de una asistencia legal; a través de los mecanismos legales correspondientes”.
La PGR cuenta con 60 días para presentar la solicitud formal de extradición. Luego de ello las autoridades de Guatemala esperarán a que la dependencia mexicana envíe la documentación correspondiente, para que el Ministerio Público de Guatemala comparezca a la audiencia que va a fijar en su momento el órgano jurisdiccional.
Fuente: Sin Embargo
Sé parte de la conversación