La adolescente y su madre han sufrido amenazas de los familiares de los jóvenes involucrados
Ni el DIF, ni ninguna dependencia la han brindado la atención necesaria a la víctima, quien va a ser sometida a un cuarto estudio vaginal
Hace 10 meses Guadalupe, una menor de 14 años, fue violada en la telesecundaria donde estudiaba en Tlatlauquitepec, Puebla; tres de sus compañeros la encerraron en el salón y la violaron. Sin embargo, la adolescente no ha tenido justicia, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha acreditado el delito de “violación”, pese a que la joven ha sido sometida a tres estudios para saber si en realidad sufrió abuso.
El pasado jueves, Guadalupe, junto con su madre Sonia Escobar, viajó cuatro horas hasta la capital de Puebla para que un médico legista del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le hiciera un tercer estudio vía vaginal. A pesar del tiempo el médico determinó que todavía tiene desgarre; sin embargo, se negó a acreditar el delito de violación y la han llamado a un cuarto estudio, pero “después de las vacaciones de Semana Santa”, según un reportaje de Página Central, firmado por Magarely Hernández.
De los tres estudios a los que la han sometido, uno acreditó la violación, otro la negó y el tercero solo confirmó que había un desgarre. Cuando la médico legista de la FGE rechazó la violación en el segundo estudio, la agente del Ministerio Público que está a cargo del caso en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Víctimas de Violencia Intrafamiliar le dijo a Sonia que probablemente a su hija solo la habían tocado y levantado la falda.
“Mamá, no soy una niña de dos años que no sabe lo que me hicieron”, respondió Guadalupe a su mamá tras escuchar esta versión.
Por si fuera poco, ambas debieron mudarse y ahora la madre de la agredida debe pagar con sus propios recursos atención psicológica para su hija, pues luego de los hechos, en las noches Guadalupe se jalaba el cabello y se lastimaba las manos.
Ni el DIF municipal ni ninguna otra dependencia le ha dado la atención necesaria a la víctima y tampoco se han acercado a ella. Además ambas han recibido reiteradas amenazas, incluso de muerte, por parte de los familiares de los jóvenes presuntamente responsables.
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