La iniciativa viola el derecho de los pueblos indígenas a preservar, mejorar y conservar sus tierras
La organización explicó que dicha ley abre la puerta al saqueo legal de los recursos naturales
Está mañana, a las afueras del Senado de la República, Greenpeace México se manifestó de forma pacífica para exigir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de ese recinto que no apruebe la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que se expide para abrogar la Ley General de Vida Silvestre, al considerar que los recursos naturales del país podrían ser privatizados.
Sería el día de hoy que la iniciativa de la llamada “Ley de Bosques” sería votada, sin embargo, la discusión se canceló la reunión y se pospuso para el próximo martes porque no llegó ningún senador.
“Estamos a las afueras del Senado de la República para manifestar nuestro rechazo frente al dictamen de iniciativa de Ley de Biodiversidad que está promoviendo el Partido Verde, específicamente la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente Ninfa Salinas”, dijo Gustavo Ampugnani, director de la organización.
En entrevista a SinEmbargo, Miguel Alejandro Rivas Soto, campañista de Océanos de la organización, explicó que dicha ley abre la puerta al saqueo legal de los recursos naturales.
“Lo que actualmente podría estar ocurriendo de forma no regularizada o informal, ahora podría contar con la formalidad necesaria”, acusa.
Por ello, hizo un llamado a la Comisión de Medio Ambiente a mostrar su compromiso con la biodiversidad de México y a traducirlo en un resguardo real de la misma.
Ampugnani explicó que la polémica iniciativa de Ley integra un título con 20 capítulos donde se pretende regular el aprovechamiento de los recursos genéticos del país y busca integrar en un solo ordenamiento lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en el Título Segundo relativo a la biodiversidad, que incluye las áreas naturales protegidas; las zonas de restauración, y flora y fauna silvestre; además de pretender aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya.
Por medio de un comunicado, personalidades de la comunidad científica, intelectual, organizaciones civiles y productivas alertaron que con este proyecto se podría privatizar los recursos genéticos del país y llamaron que se detenga el proceso legislativo.
“La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México”, señala el documento.
Destacan que la iniciativa no cuenta con mecanismos de difusión y debate de forma “amplia, democrática, plural, en las diferentes lenguas de los pueblos, y comunidades indígenas,” y tampoco otorga el tiempo pertinente para garantizar la participación efectiva de estas comunidades, establecida en varios tratados internacionales firmados por México.
Según los activistas, la iniciativa pasa por alto “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación” al proponer un política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios donde habitan”, a quienes, acusaron, no se les hizo “la más mínima consulta al respecto”.
Explicaron que estos cambios a la legislación violentan la obligación del Estado mexicano de “preservar y enriquecer” las lenguas, conocimientos y todos los elementos de la cultura e identidad de estos pueblos, además de su derecho a preservar, mejorar y conservar sus tierras.
Fuente: Sin Embargo
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