Podría recurrir a la CIDH
No ha utilizado el dinero pues quiere que se haga justicia
Elia Tamayo denunció que fue obligada a aceptar un cheque de indemnización por la muerte de su hijo José Luis Tehuatlie, quien murió en medio de un operativo policíaco que se realizó en 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla.
Durante una rueda de prensa Elia explicó que el gobierno de Rafael Moreno Valle la puso “entre la espada y la pared”, ya que le advirtieron que si no aceptaba el pago, Javier Montes Bautista, exedil de Chalchihuapan, quedaría preso.
“Y si yo no recibía eso, el MP iba a apelar, iban a iniciar una nueva averiguación contra él”, detalló.
La mujer de origen indígena confirmó que el hostigamiento llegaba del secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco, por medio de sus abogados.
Poco tiempo después de que ocurriera el accidente, Carrasco sostuvo que la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) sobre el caso se había cumplido con el pago de un millón 700 mil pesos a Elia Tamayo.
La mujer comentó que no ha utilizado el dinero que fue obligada a aceptar, pues considera que el gobierno de Puebla no hizo justicia por la muerte de José Luis.
“El dinero no repara el daño” lamentó, “yo siempre les dije, primero es la justicia, pero ellos no, no hay justicia porque no han encarcelado al que fue mero responsable”.
En la rueda de prensa, dijo que de no cumplirse correctamente la recomendación de la CNDH, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso.
Hilario Gallegos, vocero de la organización, dijo que la recomendación no se pudo cumplir porque sólo se sancionaría a servidores públicos de bajo rango y a los autores de la represión realizada el 9 de julio de 2014.
Agregó que falta establecer con hechos la responsabilidad que cae en el entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, pues él dio la orden para iniciar con el operativo donde murió el hijo de Tamayo, además de que varios habitantes de San Bernardino Chalchihuapan salieron lesionados.
“El titular de la Secretaría General de Gobierno no puede decir que el gobierno se apega a la ley cuando un funcionario de primer nivel como Facundo Rosas no se encuentra aún sujeto a proceso, y que el cobro de la indemnización fue a cambio de la libertad de Jairo Javier Montes Bautista”, acusó.
Sostuvo que la ley no se cumplió sólo por pagar a Tamayo un cheque, ya que la reparación del daño no es del todo integral para ella y las demás familias afectadas en el operativo.
Fuente: Proceso
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