La brasileña se ofrecía a pagar 18 mdd, que representan la tercera parte de las multas impuestas por SFP
El Estado Mexicano rechazó un acuerdo con la constructora brasileña Odebrecht en la que esta firma ofrecía pagar una reparación de 18 millones de dólares, además de dar información sobre casos de sobornos en el país.
La constructora ofrecía este acuerdo a cambio de poder obtener otra vez contratos de obras públicas, no obstante las autoridades mexicanas rechazaron la propuesta.
Pero la oferta no terminaba ahí, Odebrecht además solicitaba que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) desistieran de iniciar futuras acciones en su contra y que este acuerdo fuera confidencial.
Otra de las solicitudes era que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no le ejecutara cuentas por cobrar que tiene con la petrolera estatal Pemex, ademas de que se levanten las multas y sanciones en su contra.
Un portavoz de la PGR dijo que la propuesta fue llevada a esta dependencia, sin embargo las autoridades la rechazaron y no se llegó a un acuerdo con Odebrecht.
“(Odebrecht se compromete a) cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes con la finalidad de aportar información y datos de corroboración requeridos para aclarar los hechos y reparar los posibles daños que hayan sido causados al Estado mexicano”, dice el borrador presentado a la PGR.
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De acuerdo con una publicación de El Financiero, el monto ofrecido por la brasileña equivale apenas una tercera parte de las multas impuestas por la SFP, las cuales equivalen a cerca de 57 millones de dólares.
Las multas fueron en contra de dos filiales de la empresa debido a sospechas de corrupción, además de que fueron inhabilitadas hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.
No obstante las investigaciones que involucra a Odebrecht se encuentran estancadas en México ya que la PGR no ha podido acceder a los documentos que reposan en Brasil y que contienen detalles del caso mexicano.
Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos con el objetivo de obtener contratos de obras públicas entre 2010 y 2014..
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