Dicha zona arqueológica fue donde el Grupo Ecología y Conservación de Islas montó su campamento
Sin embargo, ni el INAH ni el Conanphan emprendido acciones para recuperar la zona dañada, pero tampoco acciones legales contra el grupo responsable del desastre
En 2016, el gobierno federal contrató a una asociación civil para la erradicación de fauna nociva en la Isla Espíritu Santo, en Baja California Sur, pero la encomienda fracasó y además provocó daños irreversibles en más de la mitad de una zona arqueológica del lugar.
Según informes oficiales, retomados por Animal Político, en el 2013, la asociación civil denominada Ecología y Conservación de Islas AC promovió ante la administración federal un plan para extraer de dicha isla a las cabras introducidas artificialmente por pobladores de Baja California Sur.
Al parecer, la proliferación de estos animales, introducidos en siglos pasados, amenazaba la supervivencia de especies nativas tanto de flora como de fauna silvestres.
Cabe destacar que la Isla Espíritu Santo está catalogada como área natural protegida tanto por autoridades mexicanas, como por la ONU, la cual considera a este lugar como patrimonio natural de la humanidad.
El programa del grupo, mismo que se presenta como una organización sin fines de lucro, se echó a andar con recursos federales, mediante Alejandro del Mazo Maza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Pero también recibió apoyo de instituciones privadas, entre ellas, la agrupación ambientalista World Wildlife Fund (WWF) y la Fundación Carlos Slim.
Pese a que las labores de extracción de cabras iniciaron en 2016 y se tenía planeado para que concluyera en tres meses, ya que se aseguró que retirarían 80 cabras por semana, los trabajos continúan y con resultados totalmente adversos a lo previsto.
Incluso, el Grupo Ecología y Conservación de Islas AC tuvo que reconocer que en dos años de labores sólo han logrado retirar 193 cabras de la isla, mientras que la población total de cabras está calculada en cerca de un millar.
Sin embargo, el fracaso para erradicar a las cabras no fue lo más alarmante de la situación, pues lo más grave fue que la intervención del grupo destruyó el 52 por ciento de la zona arqueológica conocida como Ensenada La Raza o Ensenada El Gallo.
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Al parecer, dicha zona arqueológica fue donde el Grupo Ecología y Conservación de Islas montó su campamento, con casas de campaña, una cocina, un baño, una bodega, un corral para cabras capturadas, y diversas veredas para comunicar todos estos puntos.
La dicha instalación los miembros del grupo removieron “sedimentos y materiales arqueológicos, con el fin de nivelar áreas”, y, además, crearon veredas por las que transitaron, como hicieron constar los reportes de daños arqueológicos elaborados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El INAH destacó que luego de retirar la tierra para crear terraplenes y que sus casas de campaña estuvieran niveladas, los integrantes del grupo dejaron expuestos vestigios arqueológicos que quedaron a merced de procesos de erosión, “ya que el sedimento y la vegetación que los fijaban han sido removidos”.
En total, fueron tres mil 997 metros cuadrados, poco más de la mitad de la zona de vestigios, los que resultaron afectados en el área arqueológica por la operación del grupo en la Isla Espíritu Santo.
Los dictámenes del INAH enfatizaron que el daño ocasionado en el sitio “es irreversible, ya que es imposible rehacer o recuperar la serie de situaciones de la vida cotidiana de sus habitantes y los procesos tafonómicos (es decir, los procesos de fosilización y sedimentación) que lo llevaron a tener la configuración que tenía antes de ser afectado”.
No obstante, el INAH señaló que no ha iniciado ninguna acción de recuperación, ya que está a la espera de que el grupo causante de los daños le autorice a realizar esta labor de salvamento, a pesar de que el área natural protegida se encuentra bajo dominio de las autoridades mexicanas.
Además, ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha iniciado procesos judiciales en contra de los responsables del daño en esta zona arqueológica, sin importar que la ley así lo ordena.
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