Los sobornos de la constructora brasileña han tocado a casi todo país donde operaba la compañía
Pero hasta el momento, nada ha sucedido en México, ningún funcionario mexicano ha sido acusado de aceptar sobornos
El gobierno de Enrique Peña Nieto cuenta con evidencia suficiente para acusar a funcionarios en relación con el caso Odebrecht, sin embargo, se niega a presentar cargos, ya que podrían perjudicar al PRI previo a las elecciones presidenciales, así lo dio a conocer el diario The New York Times.
Los sobornos de la constructora brasileña han tocado a casi todo país donde operaba la compañía, con presidentes destituidos, funcionarios arrestados y la política nacional trastocada desde Perú hasta Panamá, con excepción de Venezuela, un paria internacional con un Gobierno autoritario, y México, donde se han estancado dos investigaciones federales separadas.
Pese a que desde finales del 2016, cuando, en un arreglo extrajudicial de miles de millones de dólares, la compañía reveló a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que había pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.
Una de las investigaciones mexicanas, que inició un fiscal especial y que generó documentos revisados por The New York Times, identificó a un allegado cercano a Peña Nieto como sospechoso, pero, al poco tiempo de iniciada, el fiscal fue despedido por el gobierno, en octubre de 2017.
Desde entonces, el caso ha tenido pocos avances, incluso, solicitudes de información básica han tardando meses, de acuerdo con otras dos personas que han revisado los expedientes más recientes del caso.
No obstante, otra investigación más fuerte en México, iniciada a principios del año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR), acumuló evidencia suficiente hace meses para acusar a sospechosos, pero las presiones políticas son demasiado fuertes para que el caso avance, aseguran.
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Odebrecht admitió haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios en Pemex. Incluso, el exprocurador Raúl Cervantes, quien supervisó personalmente el caso estando al frente de la dependencia, viajó a Brasil para hablar sobre la evidencia que las autoridades habían recabado allí.
Pero hasta el momento nada ha sucedido en México, ningún funcionario mexicano ha sido acusado de aceptar sobornos y Cervantes, quien dejó el puesto en septiembre, ha dicho públicamente que había concluido la investigación.
En contradicción, su sucesor, Alberto Elías Beltrán, el ahora encargado de la PGR, afirmó que el caso está en curso, por lo que no puede dar detalles de lo que se ha encontrado, pero en realidad el caso fue archivado, señalaron fuentes cercanas al caso, ya que el gobierno federal no puede arriesgarse a que surja otro escándalo antes de las elecciones presidenciales en julio.
La investigación confirmó en gran medida lo que ya se conoce, de acuerdo con las personas que han revisado los documentos: que millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore para garantizar contratos de infraestructura.
Una parte de los contratos, del pago de sobornos y de las transferencias de dinero reveladas por el Gobierno brasileño y organizaciones noticiosas mexicanas han sido corroboradas en los expedientes del caso. Sin embargo, los investigadores mexicanos no buscaron contratos o pagos que podrían haber pasado desapercibidos a las autoridades brasileñas.
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