AMLO dijo en octubre de 2020 que “no se podía utilizar el dinero del presupuesto para defender a Cienfuegos”, lo cual terminó haciendo
Documentos que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo de dominio público el sábado pasado sobre el caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda, revelan que la defensa legal del extitular de la Secretaría de Defensa (Sedena) fue costeada por el Gobierno federal.
Esto a pesar de que el propio Andrés Manuel López Obrador dijo en octubre de 2020 que “no se podía utilizar el dinero del presupuesto para defender a Cienfuegos”, quien tiene sus recursos para pagar a sus propios abogados, lo cual demostró tras contratar al costoso despacho que lo representó en Nueva York. El exfuncionario público fue investigado por autoridades de Estados Unidos por cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero, detalló El Financiero.
En un escrito con fecha del 7 de enero de 2021 y dirigido al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FGR, Zepeda designó a sus abogados defensores.
Asimismo, dejó como domicilio para escuchar y recibir toda clases de citatorios y notificaciones la dirección: edificio 1, tercer piso, ubicado en avenida Ejército Nacional sin número, esquina con Periférico, demarcación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, código postal 11205, Campo Militar número 1.
“En atención a su oficio UEITATA-AVI-005/2021 de fecha 6 del actual… por medio del presente escrito vengo a designar como mis defensores dentro de la presente carpeta de investigación a los CC. que me fueron asignados para tal efecto por la Secretaría de la Defensa Nacional”, señala Salvador Cienfuegos.
En el documento se hace hincapié en que dichos militares pertenecen al área de defensoría pública de la Sedena, dependencia a la que Zepeda no ha dejado de pertenecer porque no se ha retirado.
El gobierno encabezado por el político tabasqueño hizo suya la defensa del militar. Los abogados asignados por la Sedena argumentaron que la acusación contra Cienfuegos “va contra las instituciones de Fuerzas Armadas del país y contra el Estado mexicano”. No obstante, esa defensa no fue transparentada por López Obrador ante los mexicanos durante todo el proceso.
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