Este lunes sería cuando se apruebe la norma en las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto
Las dependencias quedan obligadas a acatar esta ley con el propósito de combatir la desigualdad social, la corrupción y la avaricia de los bienes
El proyecto de dictamen de la ley de austeridad tiene entre sus medidas la prohibición de compra o renta de vehículos de lujo y las contrataciones de seguros en beneficio de los funcionarios, con el fin de acabar con los excesos y el despilfarro del gasto público.
El mismo enfatiza que las dependencias federales quedan obligadas a acatar la ley con el propósito de combatir la desigualdad social, la corrupción y la avaricia de los bienes, así como de recursos nacionales a fin de hacer eficiente el gasto público.
Este lunes sería cuando se apruebe la norma en las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto, y mañana se presentaría ante el Pleno de la Cámara de Diputados, informó Reforma.
“Esta ley tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal para coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución”, indica.
“Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, darán cumplimiento al presente ordenamiento de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de ellos”, agrega la propuesta del primer artículo de la ley.
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Entre las medidas de austeridad quedaría prohibida la compra o renta de vehículos de lujo o cuyo valor supere los 366 mil pesos únicamente para el transporte y traslado de servidores públicos o la prestación de servicios directos a la población.
Además, quedaría eliminada la compra o renta de equipos y sistemas de cómputo en el primer año de cada inicio de la administración federal, así como las contrataciones de seguros en beneficio de los funcionarios con recursos del Estado, por ejemplo, los de separación individualizado o cajas de ahorro.
“No se realizarán gastos de oficina innecesarios. Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo; también se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, internet, gasolinas e insumos financiados por el erario”, señala.
El proyecto también destacó que durante cada ejercicio fiscal no habrá ampliaciones presupuestarias al gasto destinado a publicidad y los incrementos anuales no excederán el porcentaje de la inflación.
Otros cambios que la iniciativa de ley plantea será la de desaparecer las direcciones adjuntas, como las oficinas de Comunicación Social de todas las dependencias, ya que se centralizarán en la Oficina de la Presidencia de la República.
Mientras que las oficinas de compras públicas y contrataciones se centralizarán en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.
En tanto, las imprentas y oficinas relacionadas con la edición, las artes gráficas e impresión de documentos oficiales se quedarán a cargo de los Talleres Gráficos de México.
Por su parte, todo lo relacionado con el control interno y la fiscalización se será asumido por la Secretaría de la Función Pública.
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