Los funcionarios se adueñaron de manera ilegal de hoteles, terrenos, cuentas…
El gobierno de Quintana Roo, encabezado por el priista Roberto Borge, despojó a empresarios y particulares de terrenos e inmuebles para después venderlos a un precio menor a funcionarios de la propia administración estatal.
Una investigación realizada por Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documenta varios casos que muestran como, por medio de juicios laborales falsos, servidores públicos fueron arrebatando a empresas y particulares de su patrimonio.
Funcionarios cercanos al gobernador Borge actuaron para legalizar estas irregularidades.
El esquema de despojo también opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Esto le sucedió en marzo y mayo de este año a las empresas Pochteca y Planigrupo, hoy registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, y a varias empresas locales y multinacionales que optaron por no mencionar sus nombres por temor a represalias.
La estrategia que usaron los funcionario se basa en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad.
Los involucrados en estas irregularidades son el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador. El nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para el gobernador priista.
De esta red se han beneficiado diversos políticos en la entidad. Por ejemplo, Ulrika Fichtl Merino, cuarta regidora por el Partido Verde en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, compró un penthouse en ese destino turístico en 7.5 millones de pesos, cuando en realidad su valor comercial es de 10.4 millones.
Lee el reportaje completo en Expasión
Sé parte de la conversación