Uno de los centros de operación para la presunta falsificación de firmas es utilizado por Emilio Zebadúa
Zebadúa fue Oficial Mayor de la Sedesol y de la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles en ambas dependencias
Como parte de la denominada Estafa Maestra, las firmas de cinco funcionarios de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) habrían sido falsificadas y con ello permitido el desvío de unos 600 millones de pesos en convenios con universidades, en 2016.
Las firmas falsificadas correspondería a José Antolino Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu, en dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas por recursos que ascienden a 206 millones de pesos.
Así como la de Armando Saldaña, director General de Ordenamiento Territorial, quien presuntamente firmó en febrero de 2016 un convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo “Francisco I Madero” por 187 millones de pesos.
También la signatura de Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial, habría sido falsificada el 4 de enero de 2016 en un convenio también con la Universidad hidalguense por 185.8 millones de pesos.
Otros dos funcionarios con sus firmas alteradas fueron Juan Manuel López Arroyo, coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y Javier Arrambide, director de Operación de Programas de Delegaciones,
López Arroyo se vio implicado en ampliaciones de convenios con un Tecnológico de Comalcalco y Arrambide en contratos con una Universidad de Quintana Roo por montos no especificados.
En los casos de González Tiburcio y de Saldaña, estos fueron consignados judicialmente durante las pesquisas que llevó a cabo la entonces Procuraduría General de la República por su presunta responsabilidad en los desvíos.
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Sin embargo, González Tiburcio denunció en julio de 2017 la falsificación de su firma ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y posteriormente ante PGR.
No obstante, fue imputado por la PGR por presunta falsedad en sus declaraciones y el pasado 29 de enero un Juez lo procesó por dicho delito.
Hasta ahora, González Tiburcio sostiene con pruebas grafológicas que la rúbrica contenida en un convenio no le pertenece, y por ello no es responsable de desvíos, argumento con el que ha apelado la decisión judicial.
Por su parte, Armando Saldaña, también imputado por la PGR en desvíos, demostró que su firma era apócrifa, situación que, incluso, señala la auditoria 196 sobre el convenio en cuestión por 185.8 millones de pesos, elaborada por la Auditoria Superior de la Federación.
En ella, se afirma que Saldaña “no reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo, que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la universidad y que no solicitó () el pago de recursos a favor” de esa entidad.
De acuerdo con información difundida por Reforma,uno de los centros de operación para la falsificación de firmas está ubicado en Tennyson 125, casa utilizada por Emilio Zebadúa desde hace más de una década para actividades políticas y financieras.
Cabe señalar que Zebadúa fue Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles en ambas dependencias y es señalado como el autor intelectual de la denominada Estafa Maestra.
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