La FGR presentará los recursos legales para responsabilizar a los servidores públicos
También se pidió al Consejo de la Judicatura que investigue el desempeño del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará procedimientos contra Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Así como contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y José Aarón Pérez Carro, ex titular de la unidad especial de la PGR para dicho caso, informó El Economista.
Lo anterior, luego de que confirmó que un juez en Tamaulipas ordenó que se liberaran a 24 expolicías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, en Guerrero, quienes se encontraban detenidos por la desaparición de los normalistas en 2014.
Encinas comentó que en los próximos días podrían llevarse a cabo otras 20 liberaciones, entre las cuales estarían las de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; César Nava González, jefe de la Policía de Cocula y la de Ramiro Ocampo Pineda “El Chango”, jefe de halcones.
Incluso podría suscitarse la del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien, dijo, se encuentra detenido principalmente por el asesinato del activista social Arturo Hernández Cardona.
“En la vieja práctica del sabadazo, en día de puente, una resolución que no firma el juez, sino la secretaria de acuerdos, Adriana Ruvalcaba Velázquez, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, del cual no encontramos fotografías ni registro alguno en las páginas del Poder Judicial, e incluso del propio Juzgado que él encabeza, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes”, señaló el subsecretario.
En conferencia de prensa, detalló que estas las liberaciones suman un total de 77, de las 142 persona detenidas por el caso Ayotzinapa.
Entre estas también esta el caso de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, jefe de plaza del grupo criminal Guerrero Unidos y a quien se le señala como uno de los principales responsables de la desaparición.
“De mantenerse esta tendencia, y como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días, y con motivo de los cinco años de los lamentables hechos de la noche de Iguala, pueden darse diversas libertades”, dijo Encinas Rodríguez, quien destacó que podrían haber otras 20 liberaciones, bajo el argumento de actos de tortura en su contra, a pesar de que no se les practicó el Protocolo de Estambul, debido a que el mismo Juez de Tamaulipas no dio una prórroga para ello.
Explicó que el problema fue que el Juez determinó que hubo tortura o alteraciones en la investigación, aunque eso “no deslinda ninguna responsabilidad contra los servidores públicos en un acto mínimo de congruencia”.
“Las pruebas restantes, de acuerdo al criterio del Juez, fueron insuficientes para acreditar la responsabilidad de los actos perpetrados por integrantes de los grupos delictivos Guerreros Unidos, conocidos como Los Bélicos, y diversos servidores públicos, particularmente por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que son los que obtienen la libertad”, expresó Encinas.
Por ello, enfatizó que la FGR presentará los recursos legales para responsabilizar a los servidores públicos que incumplieron con sus responsabilidades en la investigación del caso Ayotzinapa
Asimismo, destacó que la Subsecretaria a su cargo pidió al Consejo de la Judicatura que se investigue el desempeño del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramo, ya que consideró que su decisión es una afrenta a los trabajos que lleva a cabo el gobierno federal para el caso.
“Es una bula a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad, y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra la impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido. Ya es el momento de hacer cambios para que, garantizando los derechos humanos de las personas que son los presuntos autores de la comisión de los delitos, también se de cuenta del derecho a las víctimas y del fin de la impunidad en este país”, sentenció.
Sobre por qué el gobierno desconoce la investigación hecha por el extinta PGR, Encinas dijo que “la Verdad Histórica está fincada en graves omisiones, simulación, e incluso actos indebidos de la que han llevado a esta situación; donde no solamente está acreditando que hubo omisiones, incluso la práctica de la tortura y la siembra de pruebas”.
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