El 6 de enero de 2015 en Apatzingán, policías federales ejecutaron a civiles desarmados con un saldo de por lo menos 16 muertos y decenas de heridos. Alfredo Castillo, ex Comisionado para Michoacán, dijo que los acontecimientos fueron producto de “fuego amigo”. La investigación de Laura Castellanos derrumba la verdad oficial. Reconstruye la masacre cometida por los federales contra civiles que sólo portaban palos como defensa. Los sucesos descritos apuntan a un crimen de lesa humanidad.
“¡Mátenlos como perros!”, gritaron los policías federales al irrumpir disparando contra un centenar de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural, que realizaban un plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán, a las 2:30 de la madrugada del 6 de enero de 2015.
Ninguno de los manifestantes tenía armas largas. Seis de ellos portaban pistolas registradas y las pusieron en el piso. Los demás cargaban palos y ramas de limonero, de acuerdo con diversos testimonios e imágenes que aparecen en este reportaje.
Todos cumplieron las indicaciones dadas por Nicolás Sierra, El Gordo Coruco, líder de su grupo G250, creado por el entonces Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y que por ocho meses cazó en la sierra a Servando Gómez, La Tuta, cabeza del cártel de los Caballeros Templarios. Nadie disparó.
Sierra era uno de los siete hermanos conocidos como Los Viagra, temidos y odiados por acusaciones de ser ex templarios y de cometer atropellos, y apreciados por quienes refutaban lo anterior. Castillo tuvo a cinco de ellos en sus filas.
Los guardias rurales, hombres forjados en la pisca del limón, protestaban porque su grupo había sido disuelto por Castillo veinte días antes sin pagarles sueldo alguno, sin consumar su objetivo y porque enfrentaban nuevas incursiones de templarios en sus localidades.
Rubén, un elemento de la Fuerza Rural, escuchó la balacera y brincó de su camioneta, cuando un policía federal le vociferó: ”¡Levanta las manos y ponte de rodillas!”. Estaba por obedecer cuando a unos metros vio a otro hombre hincado, los brazos en alto, encañonado por los uniformados. Rubén atestiguó la ejecución: “Le dispararon estando de rodillas, rendido, sin armas”.
Testimonios grabados en audio de 39 personas que conocieron los hechos revelan que policías federales agredieron y dispararon a matar a civiles desarmados en dos eventos ocurridos en Apatzingán, el día de Reyes.
Según esta narración, seis horas después del primer ataque para aplastar al grupo de inconformes, a las 7:45 am, en el cruce de Av. Constitución y Plutarco Elías Calles, un comando de policías federales descargó sus ametralladoras M60 sobre una docena de vehículos que transportaban a guardias rurales y familiares iracundos por la agresión en el Palacio.
Castillo era la autoridad federal con mayor rango en Michoacán. Seis días después declaró a la prensa que en los dos sucesos el saldo fue de un atropellado y ocho muertos por “fuego cruzado”.
Los hechos se reconstruyen a partir de los testimonios de doce de los 44 detenidos y liberados del primer ataque (entre ellos un comerciante), siete sobrevivientes del segundo ataque (tres fueron hospitalizados), un representante legal, ocho testigos circunstanciales, ocho familiares de victimas, personal del Hospital General Ramón Ponce y empleados del Servicio Médico Forense (Semefo).
Por temor a represalias, las fuentes pidieron no ser identificadas con sus nombres pero la reportera cuenta con la grabación de las entrevistas realizadas a cada uno de ellos.
La primera masacre
Días antes de la acometida del 6 de enero en el Palacio, al grupo le habían dado el pitazo de un inminente ataque templario al plantón. También temían un desalojo.
Esa misma noche habían tenido un zafarrancho con soldados de la 43 Zona Militar de Apatzingán a cargo del general Miguel Patiño. Los soldados intentaron desarmar la barricada que el G250 había levantado en Lomas de Hoyos para impedir la incursión de templarios.
Por esa razón, El Gordo Coruco se presentó a medianoche, en el plantón y les ordenó que no respondieran con armas ni piedras a ninguna provocación para no ser tratados “como delincuentes”.
Esa madrugada en el jardín central de Apatzingán familias deambulaban entre puestos de comida o ingresaban a los comercios que permanecían abiertos para la venta de Reyes. Algunos guardias rurales dormitaban en camionetas, otros charlaban en el jardín.
El convoy de la Policía Federal se estacionó en las calles traseras del Palacio.
Según un integrante del extinto G250, los uniformados, la mayoría con el rostro cubierto, otros vestidos de negro, alistaron sus armas largas: Galil calibre 308, Heckler & Koch G3 calibre 7,62, R-15 calibre 2.23.
El arribo federal fue por asalto. El ataque duró 15 minutos. Los manifestantes corrieron al jardín central a guarecerse tras las bancas. Cámaras de vigilancia registraron a decenas de personas desarmadas huyendo de un lado a otro.
Más policías federales entraron y sitiaron la plaza entera. Testigos presenciaron ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías federales. Una de esas personas asegura que los uniformados dispararon contra los civiles cuando ya los tenian sometidos, de rodillas:
“Unos se salieron (de las camionetas) y les dijeron que no, que estaban desarmados, y los federales los hincaron y les dieron un balazo”.
En el estacionamiento, a un costado del Palacio, los policías federales balearon las camionetas y propinaron golpizas a sus ocupantes.
Tras su captura, otro de los guardias rurales, de nombre Artemio, presenció cómo la policía golpeó a una mujer que, a gritos, decía estar embarazada. Ellos le decían:
“¡Cállese, hija de Su puta madre, porque si no, la vamos a matar!”.
Artemio, ya sometido en los portales, se percató que las familias que acudieron a la vendimia de Reyes tampoco se salvaron. “Escuchábamos gente llorar, mujeres, niños que se quejaban”
Los federales también detuvieron a comerciantes y transeúntes, tal y como lo narra el taquero de la plaza central, apresado junto con su hijo, en la tienda Novedades Jackeline: “Dos taxistas, un albañil, un señor que vende periódicos y su trabajador”
Artemio atestiguó también que los policías federales se llevaron en un camión a 11 personas que estaban en la vendimia de Reyes: “Nunca aparecieron detenidas en Morelia ni en la prisión de Nayarit”.
Otros civiles, dicen los vecinos, cruzaron el jardín y se escondieron en la azotea del edificio Béjar, de donde policías los bajaron a punta de pistola.
El saldo del primer ataque fue un número indeterminados de muertos y heridos.
La segunda masacre
Amaneció un cielo grisáceo. Manchas de sangre en el pavimento y en las paredes del Palacio y una treintena de camionetas tiroteadas, eran los únicos rastros de esa noche.
A las 7:20 am una decena de camionetas y grúas federales se llevaron los vehículos incautados por avenida Constitución hacia el corralón.
Mientras, sobrevivientes y familiares de los detenidos, y jóvenes jornaleros que dejaron su faena para apoyarlos, se reagrupaban en la glorieta de Apatzingán, ubicada en la salida hacia la localidad de Chandio. Alguien informó que una caravana de la Policía Federal salía del jardín central. Alguien más dijo que ahí llevaban a los compañeros detenidos, y, peor aún, heridos que gritaban pidiendo auxilio.
Los testigos relatan que personas de todas edades armadas de palos subieron a camionetas y trataron de alcanzar a la caravana de la PF, con el propósito de liberar a los suyos.
Cerca del cruce de Constitución y Plutarco, los civiles alcanzaron la caravana. Al hacerlo, descendieron de sus vehículos y rompieron a palazos los cristales de la última camioneta de la Policía Federal en busca de los suyos y ante los gritos de auxilio. Como respuesta, los oficiales detonaron en su contra sus ametralladoras M60. Estas armas son utilizadas para reventar el blindaje de vehículos cuando se trata de operativos contra la delincuencia organizada. En este caso fueron usadas contra vehículos sin blindaje.
El tiroteo duró 20 minutos. La avanzada de los civiles se frenó ante la descarga de proyectiles. En la punta quedó una camioneta blanca con siete muchachos menores de 20 años, entre ellos una adolescente de 16 años, portando palos como defensa.
Metros atrás paró la camioneta Arcadia negra de Miguel Madrigal, uno de los operadores de Los Viagra en Apatzingán, con su familia.
Las detonaciones reventaban los cristales, llantas y carrocerías de camionetas varadas. Asustados, los vecinos atisbaban desde sus casas. Uno de ellos se asomó por la ventana y miró a cuatro muchachos guarecidos en la batea de la camioneta blanca: “De la camioneta iban saliendo y les iban disparando… Vi a tres personas tiradas y una se movía y no la auxiliaban, ni nada”.
Los federales gritaban: “¡Mátenlos!, ¡mátenlos!”.
Algunos vecinos aseguran que La PF no pidió ambulancias, a pesar de que en la misma avenida, a un kilómetro de distancia, está el hospital Ponce.
Desde su ventana, una vecina observó cómo tres de los jóvenes heridos se desangraron por casi una hora:
“Era muy triste… parecía como si se estuvieran consolando… estaban vivos… se tomaban del hombro”.
Un video en YouTube mostró cómo un joven que vestía playera a rayas, rodeado de dos compañeros ultimados en charcos de sangre, movía el brazo lentamente sin ser auxiliado.
El turno fue de la familia. La camioneta negra del señor Madrigal había quedado frente a una de las esquinas del cruce de Plutarco y Constitución. El hombre robusto había descendido con la playera alzada para probar que estaba desarmado, pero también le dispararon.
En una grabación de dos horas y 49 minutos de la radiotransmisión del grupo, en poder de la reportera, Madrigal clamó por ayuda y otros guardias rurales también lo hicieron y señalaron como los agresores a los policías federales: “¡No se pueden salir los compañeros… nos están tirando los federales!”.
Un vecino miró cuando el hijo de Madrigal intentó contraatacar con una pistola corta. Su detonación fue insignificante ante las poderosas detonaciones de los rifles de asalto. Hirió no obstante a un policía federal.
La arremetida contra la familia hizo que se acostara arrejuntada sobre el pavimento, los esposos cubriendo con sus cuerpos los costados. El vecino presenció la escena por 20 minutos:
“¡Los masacraron!, ¡los hicieron pedazos!”.
La familia quedó abrazada, con múltiples perforaciones de proyectil, recostada sobre palos y restos de carne desgarrada. Un disparo a corta distancia estalló la cabeza de Madrigal.
El acta de defunción de Madrigal indica que la causa de la muerte fue homicidio, debido a “la penetración de un proyectil de arma de fuego a cráneo”.
Los federales se dirigieron, entonces, hacia las camionetas donde se resguardaban civiles y realizaron ejecuciones extrajudiciales, según atestiguó un ciclista: “Los federales empezaron a bajar a los civiles de las camionetas, a arrodillarlos con las manos en alto y así les estuvieron disparando”.
Las víctimas
Pasando las 8:00 am, en el hospital Ponce, los médicos recibieron el cuerpo de un veinteañero con un balazo en el pecho. Quedó en calidad de desconocido.
Un puñado de guardias rurales se atrevió a incursionar en dos camionetas para rescatar a gente atrincherada en la balacera. Sacaron a otro muchacho con un balazo en el pecho, refugiado en un restaurante. Un video de 15 segundos captó al joven delgado sobre el piso, con la playera ensangrentada, que extiende los brazos para ser trasladado por otros muchachos a una camioneta.
Los rescatistas dejaron a este joven y a otro más con la rodilla despedazada en la banqueta del hospital Ponce, sin que el personal se percatara de ello, por lo que no ingresaron al nosocomio.
Su equipo médico, sin embargo, dice que no los atendió. Uno de los civiles que los rescató advirtió que los policías federales pudieron habérselos llevado. Se ignora su destino.
La balacera culminó. Uno de los sobrevivientes dijo que los policías federales alteraron la escena de los victimados de la camioneta blanca:
“Las armas que aparecen ahí las pusieron ellos mismos, los federales”.
A cuatro personas se les ingresó al hospital Ponce. Uno de los lesionados de 18 años llevaba la pelvis, la vejiga y el recto destrozados. Lo operaron de urgencia. Las heridas eran boquetes. Por uno de ellos los médicos palparon su columna en añicos.
Otro joven de 17 años llegó con el abdomen y la cabeza tiroteados. Un miembro del hospital valoró que recibió un tiro de gracia fallido que le dañó el cerebro y observó que las heridas presentaban “tatuaje”, el sello quemante de la pólvora en la piel cuando el proyectil se descarga a una distancia de 10 a 20 centímetros.
A las 13:00 horas el director del hospital, Carlos Torres Vega, intentó trasladarlos a los heridos graves a Morelia, para salvarles la vida. La Policía Federal se lo impidió, lo que le provocó la muerte a uno de ellos.
“Los federales no dejaron salir a los muchachos, aun cuando ellos no estaban en calidad de detenidos”, dijo Torres. Siete horas después se lo autorizaron. Trasladaron primero al herido de la pelvis. Debido a la espera “sangró muchísimo y cuando llegamos a la caseta, falleció”.
Tras los dos ataques, familiares peregrinaron buscando a los suyos. El equipo médico atestiguó que en la clínica irrumpieron madres de niñas heridas en la madrugada que presuntamente se habían llevado los federales. Se decía que eran dos o tres, una de ellas de dos años. Un trabajador del hospital atestiguó: “Unas mujeres entraron llorando, gritando que sus hijas estaban heridas y no las encontraban”.
Al Semefo de Apatzingán no se trasladó ningún cadáver de los dos ataques. Un trabajador aseguró que recibieron instrucciones de no llevar los cuerpos a sus instalaciones.
Tres actas de defunción prueban el traslado de cadáveres a una distancia promedio de tres horas de trayecto: A Luis Alberto Lara Belmonte, de 20 años, con “laceración en ambos pulmones y traumatismo toráxico”, se le llevó al Semefo de Lázaro Cárdenas; a Luis Gerardo Barajas Rodríguez, de 18 años, que murió “por la penetración de múltiples proyectiles de arma de fuego” en abdomen, se le trasladó a Zamora, y a Guillermo Gallegos Madrigal, de 20 años, que falleció por “penetración de un proyectil de arma de fuego a cráneo”, lo canalizaron al Semefo de Morelia.
La Verdad Oficial
El 12 de enero, Castillo expuso en conferencia de prensa que la madrugada del 6 de enero se desalojó a hombres armados que tomaron el Palacio Municipal de Apatzingán. Se detuvo a 44 por asociación delictuosa y portación de armas de fuego: 13 armas largas y una granada. Castillo afirmó que hubo un atropellado.
El grupo manifestante por su parte dijo que de los 44 detenidos, 25 eran del G250 y 19 personas eran ajenas a la protesta, entre ellos la
A pesar de la vesrión oficial, el 14 de enero el juez de Uruapan Jorge Wong Aceituno ordenó la “inmediata libertad” de 43 de ellos por falta de elementos.
En la Boleta de Libertad de la causa penal 3/2015-I, en poder de la reportera, se les exoneró de los delitos de “portación de arma de fuego exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea” y de “asociación delictuosa”.
Sólo un elemento de la Fuerza Rural que estaba de guardia y lejos del lugar de los hechos que acudió en apoyo de su grupo con su arma larga sigue preso y está en proceso de ser liberado.
Sobre el segundo ataque, Castillo agregó que a las 7:45 am hombres armados emboscaron una caravana de la Policía Federal para quitarles vehículos incautados. Dijo que hubo ocho muertos por “fuego amigo” disparado desde una camioneta roja. Negó que hubo ejecuciones extrajudiciales.
El saldo preliminar del grupo de ambos ataques es de 16 ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, dice uno de sus representantes legales, el saldo real no se conoce porque nadie quiere denunciar “por temor”.
El 22 de enero Castillo fue remplazado por el general Felipe Gurrola. Al comandante Arenas de la PF de Apatzingán, se le comisionó a Guerrero.
Unas horas antes de que se difundiera esta investigación, el gobierno federal anunció que tras recibir un video anónimo, indagaría presuntos “abusos de autoridad” y “uso excesivo de la fuerza” por parte de policías federales en hechos ocurridos en Apatzingán, sin aclarar si se refería a los sucesos del 6 de enero. La reportera solicitó a Castillo una entrevista. No hubo respuesta.
El pasado 16 de abril, a 100 días de la masacre de Apatzingán, Castillo fue nombrado titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).
Con información de Artículo 19, en base al reportaje realizado por Laura Castellanos. Los nombres de los testigos se omiten para garantizar su seguridad
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