El grupo de expertos comandados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar la desaparición de 43 normalistas en Iguala hace casi un año presentó hoy sus conclusiones, las cuales desacreditan la investigación del gobierno de México sobre el hecho y descartan su principal hipótesis sobre la calcinación de sus cuerpos en el basurero de Cocula.
El reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basado en información “pública y oficial”, señaló que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.
Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señala que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día para transportarse.
El informe fue presentado ante familiares de los estudiantes desaparecidos y diversos invitados, incluidas autoridades federales que al final de la presentación recibieron el documento de manos de los expertos.
El silencio se rompió entonces con gritos de “¡Fue el Estado!, ¡Fue el Estado!” y los investigadores independientes tuvieron que instar a la calma y recordar que querían seguir trabajando en este caso, puesto que ya han solicitado al gobierno una prórroga de seis meses sobre la que las autoridades mexicanas todavía no se han pronunciado.
“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos“, se limitaron a corear los familiares después la advertencia.
El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la “verdad histórica” de lo sucedido.
El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que el 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.
Pero los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y como lo dijo el procurador, y la conclusión para ellos no deja dudas: “los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”.
Más Ataques, Más Víctimas y Más Actores
Las autoridades siempre mantuvieron que hubo ataques en tres lugares la noche del 26 de septiembre de 2014 protagonizados por policías locales de los municipios de Iguala y Cocula y por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, todos supuestamente bajo el mando del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Según los expertos, hubo ataques en al menos nueve puntos distintos con un “aumento progresivo del nivel de agresión” y además de esas dos corporaciones participaron agentes municipales de Huitzuco, un pueblo cercano. Asimismo, algunas de las víctimas mortales no murieron en el lugar y el momento descrito por las autoridades.
Aunque oficialmente solo se habla de los 6 muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos, los expertos cifran en 180 las “víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos” en los diferentes ataques de la noche del 26 de septiembre, la gran mayoría de ellos jóvenes y muchos menores de edad —como los miembros del equipo de fútbol que fueron baleados.
Fuerzas Federales y Ejército, presentes en todos los sucesos
Miembros de la Policía Estatal de Guerrero, de la Policía Federal y del ejército monitorearon y estaban informados de todos los movimientos de los estudiantes tanto antes de llegar a Iguala, como durante los ataques. Según un documento oficial de Protección Civil de Chilpancingo, la capital de Guerrero, en “ciertos momento” de esa noche, las comunicaciones en el centro de control que conecta a todas las corporaciones de seguridad, el conocido como C-4, estuvieron “intervenidas” y “restringidas” por la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el ejército. Además, el alcalde de Iguala hizo llamadas telefónicas para informar de la situación y los ataques tanto a mandos de los tres cuerpos mencionados.
Además, elementos de la policía federal y militares estuvieron presentes en los dos únicos lugares de donde desaparecieron los normalistas y miembros del ejército estuvieron en la comisaría local y resguardando los dos lugares donde hubo víctimas mortales, uno de ellos, donde se localizó al estudiante que fue cruelmente torturado y desollado.
Las autoridades no prestaron ayuda a las víctimas.
No se confundió a los estudiantes con narcotraficantes
La versión oficial, basada en los testimonios de cinco supuestos perpetradores del crimen, argumenta que los estudiantes fueron a enturbiar un acto del alcalde de Iguala y su esposa y que fueron confundidos con miembros de Los Rojos, un grupo criminal contrario a Guerreros Unidos, que es el que tenía control de Iguala y estaba infiltrado en las autoridades locales.
Los expertos aseguran que fue una acción con “coordinación y mando” ejercida con un objetivo de “alto nivel”. Sabotear la presentación del alcalde era un motivo inviable porque terminó antes de que llegaran los estudiantes.
Según su investigación, la meta era no dejar salir de la ciudad los autobuses que habían tomado los estudiantes y/o “castigar” a los jóvenes de la combativa escuela. Ponen como ejemplo que alguien al mando decidió liberar a los choferes de los autobuses porque la acción solo era “contra los normalistas”.
“Dada la evidencia, en ese momento, la Policía Municipal de Iguala no tenía elementos para suponer, ni siquiera erróneamente, que perseguía a “Los Rojos””, asegura el documento. “Sabían que se trataba de estudiantes”.
Según el informe, la “hipótesis más consistente” sobre el móvil del crimen y que no ha sido investigada por las autoridades es que la acción de toma de autobuses de los estudiantes para utilizarlos en una manifestación se cruzó con que uno de los autobuses que intentaron tomar podría estar vinculado el trasiego de heroína, cocaína o dinero entre Iguala y Chicago ya que vehículos como ese son utilizados para esos fines criminales, según investigaciones desarrolladas en Estados Unidos.
Ese bus desapareció de la versión oficial, aunque los estudiantes lo mencionaron desde el principio, y no fue atacado por las fuerzas de seguridad.
Los cinco acusados de ser perpetradores directos de la supuesta muerte e incineración de los 43 dijeron a los expertos que fueron torturados.
No se quemaron los 43 cadáveres de los estudiantes en el basurero
De acuerdo a la investigación de los expertos, no hay pruebas para afirmar que los estudiantes estén muertos ni tampoco que estén vivos. De esta forma, aunque el gobierno mexicano aseguró que los cadáveres de los 43 fueron calcinados en un basurero de Cocula, el informe asegura la “imposibilidad” de un escenario como el descrito por las autoridades: una hoguera en el basurero que duró doce horas y luego un trabajo de destrucción de los restos hasta convertirlos en ceniza y echarlos al río.
Los peritos consultados por los expertos consideran que no pudo darse un fuego de las características descritas por la fiscalía y no hay precedentes de que el grupo criminal Guerreros Unidos actúe de esta manera.
Inacción, Ocultación Y Destrucción de pruebas
Diversas cámaras de seguridad que forman parte del sistema de vigilancia en Iguala “estaban inutilizadas” , algunas grabaciones fueron “destruidas” y objetos personales y ropa presuntamente de los estudiantes no fueron analizados ni mostrados a las familias hasta que el grupo de expertos lo exigió.
La fiscalía mexicana impidió al grupo de expertos interrogar a los militares que fueron testigos de los hechos. En algunos casos tardó más de seis meses en tomar declaraciones a testigos clave, como los choferes de los autobuses, y en otros supuso hipótesis que excedían la información disponible.
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