Vecinos del lugar aseguran que las cabañas pertenecen a Rigoberto Salazar y su esposa
Se trata de un programa destinado a la población indígena que ha sido aprovechado por la esposa del funcionario
Un presunto conflicto de interés y uso de información privilegiada de Alida Fuentes Ceballos, esposa de Rigoberto Salazar, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social de Colima, fueron revelados por la estación de radio Ángel Guardián.
De acuerdo con su investigación, un grupo denominado “Cabañas La Nogalera”, presidido por Fuentes Ceballos, ha recibido al menos 1.1 millones de pesos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) como parte del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena en su apartado de Turismo de Naturaleza.
El conductor del noticiero dijo que, presuntamente dichos recursos habrían sido utilizados por la mujer para construir dos cabañas.
Se tara de propiedades aparentemente “blancas, es decir en regla, pero que muestran evidente conflicto de interés y que despiertan razonables sospechas razonables dudas de que fueron gracias a actos de corrupción”, dijo.
Sin embargo, se estima que la cantidad de recursos podría ser mucho mayor, llegando a los 4.3 millones de pesos, pues esa es la cantidad total planteada en el proyecto “Centro Ecoturístico La Nogalera”, avalado en febrero de 2014 por la Comisión de la CDI..
En 2014 se recibieron 250 mil pesos para la elaboración del estudio que sustentaba el proyecto; y después 850 mil pesos en 2015 para comenzar con el desarrollo del proyecto.
El conflicto de intereses se hace más evidente al salir a la luz el hecho de que cuando se avaló el presupuesto de “Centro Ecoturístico La Nogalera”, Rigoberto Salazar aún era titular de la Secretaría de Desarrollo Social, del gobierno de Colima. Dado que dicha dependencia, tiene información sobre los programas y participa de las gestiones para acceder a los recursos.
Pero más allá de la probable filtración de información, otra de las anomalías del caso, tiene que ver con los destinatarios originales de este programa, el cual establece que “es la población indígena organizada en grupos de trabajo o sociedades legalmente constituidas y que habitan en las zonas identificadas en la cobertura del programa”.
Si bien el proyecto se desarrolla en una zona propicia, la esposa del funcionario no forma parte de la comunidad indígena, por lo que estaría incumpliendo con este requisito legal esencial.
Las propiedades están ubicadas en el ejido de Xuchitlán, municipio de Comala, al pie de la carretera en las cercanías del volcán de fuego,. Durante la investigación, se preguntó a los vecinos de quién eran las cabañas y ellos contestaron que del funcionario y su esposa.
El medio asegura que este podría ser un caso más en los escándalos de corrupción que han sido marca del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Fuente: Regeneración
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