El gobernador de Yucatán busca proteger a los apicultores del estado
La petición de permitir los cultivos genéticamente modificados la hizo a través del consejero jurídico de la presidencia
El presidente Enrique Peña Nieto pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular el decreto que prohíbe cultivar organismos genéticamente modificados en Yucatán.
El consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, fue quien promovió el dicha controversia el pasado 13 de diciembre, en la que busca invalidar la prohibición impulsada por el gobernador priista Rolando Zapata Bello, quien pide declarar al estado como una “zona libre de cultivos transgénicos”, mientras que promociona los cultivos orgánicos.
Un ministro de la Suprema Corte fue quien admitió dicha controversia, pero se negó a suspender el decreto hecho por el gobernador mientras se lleva a cabo el juicio.
El gobernador de Yucatán busca proteger a los apicultores del estado, quienes desde hace años han interpuesto amparos en contra de la soya transgénica, aunque la intervención de la SCJN sólo servirá para aclarar cuáles son los límites de las atribuciones de los gobiernos locales en el tema de los transgénicos, dejando de lado las polémicas científicas y ambientales sobre el uso de este tipo de semillas.
El problema, de acuerdo con los apicultores, es que la siempre de transgénicos puede afectar a la producción de miel, ya que las abejas que polinizan la flor de la soya transportan polen transgénico a la miel.
Por esto y ante el temor de que su producto sea rechazado en los países europeos, promovieron amparos contra el permiso a Monsanto, empresa que se dedica a la siembra de transgénicos y quien tiene 253 mil hectáreas sembradas en Yucatán, Campeche y la planicie Huasteca.
A pesar de ello, la Corte anuló el permiso a Monsanto pero no por sembrar productos nocivos para la salud, sino porque la Sagarpa no respetó el derecho de consulta previa a las comunidades indígenas.
Además, la SCJN solamente acotó el alcance de Monsanto, “únicamente a las comunidades donde radican las personas físicas quejosas” en siete municipios, no en todo Yucatán, dándoles permiso de sembrar en un millón 56 mil hectáreas.
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