Por falta de pruebas, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, quien había sido acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa de ser el autor material del homicidio de la activista Sandra Luz Hernández, obtuvo sentencia absolutoria que lo dejó en libertad el 13 de marzo.
Sandra Luz fue asesinada a plena luz del día en Culiacán. Le tendieron una trampa: la citaron para “decirle en dónde estaba” su hijo, un ex empleado de la misma Procuraduría, y le dieron muerte. Ella exigía a la Procuraduría que investigara la desaparición del joven. Incluso dijo que dentro de la misma dependencia podrían estar los asesinos.
Ahora, esa Procuraduría ha liberado al que presentó como asesino confeso. La autoridad no acreditó pruebas.
El periódico Noroeste confirmó con cuatro fuentes diferentes, dos de ellas del Poder Judicial, así como de los registros de acuerdos de juzgados, la sentencia absolutoria que otorgó el Juzgado Noveno Penal de Culiacán a favor de Valenzuela Rodríguez, bajo el argumento de falta de pruebas, pese a que en su declaración ministerial aceptó ser el homicida de la activista.
El 12 de mayo de 2014, Sandra Luz Hernández fue asesinada en la Colonia Benito Juárez, en donde se encontraría con una persona que le daría información sobre su hijo Édgar García Hernández, que desapareció el 12 de febrero de 2012.
El encuentro se pactó luego de una llamada anónima que recibió después de haber salido de la Procuraduría de Sinaloa donde preguntó sobre los avances de la investigación de su hijo y los de sus compañeras del Grupo de Familiares con Hijos Desaparecidos, al que pertenecía de manera activa. Hernández recibió 15 disparos por un hombre encapuchado.
“Nadie se va impune, tarde que temprano, pero en algún momento nos vamos a encontrar con esos responsables de esos delitos que lastiman mucho a la entidad”, expresó el Gobernador Mario López Valdez dos días después del homicidio.
El asesino confeso, sin embargo, ahora está libre.
La muerte de Hernández causó indignación social. Incluso se replicó con organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, Artículo 19 y Human Right Watch, quienes catalogaron el hecho como un atentado contra los derechos humanos.
Con Información de Sin Embargo
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